El presidente Javier Milei envió a Diputados un proyecto que limita el beneficio tarifario a la Patagonia y la Puna. De aprobarse, localidades del sur de Santa Fe perderían el descuento.
El presidente Javier Milei envió a la Cámara de Diputados un proyecto para recortar los beneficios que el régimen de zona fría establece para la tarifa de gas. La medida impacta en el sur de Santa Fe y fue anunciada horas después de un refuerzo de subsidios a un segmento de consumidores durante mayo.
El proyecto acota la “zona fría” a la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, regiones que ya contaban con descuentos del 50% hasta 2021. Ese año, el régimen se amplió a localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tucumán y Catamarca, además de cincuenta municipios bonaerenses. La extensión llevó los beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares.
El gobierno sostiene que el crecimiento de beneficiarios tensionó el fondo fiduciario del régimen. El presidente otorgó nuevas facultades al ministro de Economía, Luis Caputo, para aumentar el recargo que lo financia. El texto enviado al Parlamento critica la ampliación del beneficio a regiones sin condiciones climáticas equivalentes: “Incrementó significativamente el universo de beneficiarios, el costo fiscal del régimen y la magnitud de subsidios cruzados entre jurisdicciones”.
La iniciativa busca “conciliar el régimen de zona fría con el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)”. De aprobarse, en las zonas beneficiadas se acumularían ambos descuentos. En el resto de las localidades, los subsidios solo alcanzarían a hogares con ingresos netos familiares iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un “Hogar 2”, según el Indec. Solo los hogares vulnerables empadronados en el SEF mantendrían el adicional por zona fría.
El proyecto establece que los subsidios se calculen exclusivamente sobre el precio del gas, excluyendo a distribuidoras y subdistribuidoras. En hidrocarburos, deroga regímenes de promoción para producción incremental de petróleo y gas, eliminando la posibilidad de comercializar libremente parte de la producción en el exterior con ventajas impositivas. El gobierno justifica la medida en la restricción fiscal y aclara que los proyectos ya aprobados mantendrán derechos adquiridos.
El texto también prorroga el régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045 y flexibiliza la cesión de contratos de abastecimiento del sector público para promover inversiones en generación renovable (eólica, solar, biogás). Además, aborda la regularización de obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista: la Subsecretaría de Energía Eléctrica determinará diferencias de ingresos de distribuidoras y transportistas por leyes de emergencia tarifaria, y Cammesa aplicará créditos para cancelar deudas.