El fiscal Luis María Caterina solicitó penas de hasta 14 años de cárcel para 21 implicados en una asociación ilícita que desviaba fondos destinados a la carga de nafta de patrulleros. La maniobra, descubierta tras una denuncia anónima, habría generado un ahorro de 60 millones de pesos mensuales para el Estado provincial.
La Fiscalía de Rosario presentó un escrito acusatorio de más de 300 páginas en el que solicita penas de prisión para 21 personas, entre ellas dos civiles y 19 policías, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al fraude con combustibles. El exjefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, enfrenta un pedido de 12 años de cárcel, mientras que para su secretario privado, Rodrigo Domínguez, se requirieron 14 años por considerarlo el organizador del negocio.
La investigación comenzó en julio de 2024 a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la carga diaria de combustible a patrulleros fuera de servicio. A partir de allí, se desplegaron distintas medidas como colocación de GPS, vigilancia encubierta en una estación de servicio y escuchas telefónicas, que permitieron desarticular una trama que incluía sobrefacturación y cargas fantasma.
Según la acusación, la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900, gerenciada por la sociedad Gas Auto Tiferno, participaba del esquema entregando retornos en efectivo a cambio de un 20% de lo sobrefacturado. Los montos desviados ascendían a unos 45 millones de pesos mensuales, cifra que tras la intervención se redujo en 60 millones por mes.
El fiscal Caterina detalló que Domínguez, además de organizar la banda, manejaba un sistema interno de multas denominado OGM (Oficina de Gestión de Multas), mediante el cual castigaba a recaudadores con pagos en especie o dinero. En el allanamiento a su vivienda se secuestraron 25 millones de pesos en efectivo.
Las penas solicitadas varían según el rol de cada imputado: desde 3 años y 4 meses hasta 8 años de prisión, por delitos de asociación ilícita, cohecho, peculado y defraudación. La causa avanza hacia una audiencia preliminar que definirá la fecha de un eventual juicio oral.