El Gobierno nacional continúa su estrategia de confrontación con opositores y periodistas, mientras resalta la desaceleración inflacionaria. Persisten las restricciones al acceso de la prensa en Casa Rosada, pese a promesas de normalización.
La actividad en la Casa Rosada no volvió a ser la misma tras los diez días en que el Gobierno decidió, con el respaldo de denuncias de Casa Militar, impedir el ingreso a 60 periodistas acreditados y cerrar la Sala de Prensa por primera vez en la historia. Actualmente, el clima cotidiano está marcado por restricciones que limitan el libre tránsito de los corresponsales en zonas históricamente habilitadas.
El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita desestimaron las imputaciones contra trabajadores de medios, a quienes se intentó vincular con un presunto espionaje y riesgo para la seguridad nacional. Los acusados fueron sobreseídos y la causa archivada en Comodoro Py. Sin embargo, el general de Brigada Sebastián Ibáñez y los hermanos Milei mantienen las medidas, consideradas por algunos como violatorias de la institucionalidad.
Cada cronista que llega a Balcarce 50 debe mostrar su DNI al personal militar, que verifica una lista de acceso. La entrada se realiza por Balcarce 78, donde se escanean pertenencias y se realizan controles manuales. Una vez dentro, los periodistas solo pueden acceder a la Sala de Prensa, galerías y pasillos circundantes, con vidrios sellados que impiden ver el Patio de las Palmeras. El Salón de los Bustos también fue vedado.
El secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, prometió que las limitaciones se eliminarán en semanas, pero por ahora persisten. Ibáñez, ex edecán de Mauricio Macri, tiene prohibido dialogar con la prensa, al igual que el personal gastronómico y de mantenimiento. «Vamos a tratar de que en las próximas semanas las cosas vuelvan a la normalidad, pero está dura la mano», reconoció un funcionario cercano al Presidente.
En otro orden, el ministro de Economía, Luis Caputo, no asistió a la inauguración del parque solar El Quemado en Mendoza, vinculado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Una asistente indicó que «el ministro prefirió estar en Buenos Aires a la hora que se diera a conocer el dato de inflación de abril», que fue del 2,6%, dentro del rango esperado.
Respecto a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, se sumaron dos causas judiciales. Un asesor de la Jefatura explicó que se trata de «un error de evaluación de un crédito UVA» que debe rectificar en su declaración jurada. No hay fecha para esa aclaración ante la Oficina Anticorrupción.
En materia económica, un colaborador ministerial señaló que «el 2,6% es un muy buen número» y que «la política fiscal y monetaria fue diseñada para que el IPC converja en cero». Sobre el conflicto universitario, un integrante de La Libertad Avanza opinó que «no pasa por la cantidad de gente en una marcha, sino por ordenar gastos en base a auditorías». Respecto al viaje de Santiago Caputo a Estados Unidos, otra fuente desmintió que haya ido a recibir retos, y lo enmarcó en relaciones geopolíticas.