La iniciativa, denominada “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, modifica el Código Procesal Penal y varias leyes. Incluye once puntos clave que abarcan desde la declaración informativa policial hasta la creación de zonas de intervención especial.
El gobierno de Santa Fe avanza en un proyecto de ley que propone una nueva reforma integral para fortalecer la seguridad pública y combatir el crimen organizado mediante la modificación de normativas penales y penitenciarias. Se trata de una segunda tanda de reformas en seguridad luego de las aprobadas a los meses de que asumió el gobernador Maximiliano Pullaro.
El jueves pasado por la mañana ingresó por la Cámara de Diputados el proyecto de ley “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública” con once puntos claves que modifican el Código Procesal Penal y varias leyes para otorgar mayores facultades de investigación a la policía y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), agilizar los procesos judiciales y establecer regímenes de aislamiento para presos de alto perfil.
El documento también contempla la creación de zonas de intervención especiales donde se pueden restringir derechos de circulación, así como el uso de mecanismos para inhabilitar inmuebles utilizados por el narcotráfico, y la modernización del sistema de recompensas.
Uno de los fundamentos del proyecto impulsado por el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, es que “los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito”.
El texto argumenta la necesidad de dotar al Estado de instrumentos excepcionales para garantizar el orden frente a contextos de violencia estructural y criminalidad compleja. En este sentido sostiene el proyecto en sus fundamentos: “El Estado no solo debe abstenerse de violar derechos, sino que también debe garantizar activamente su ejercicio frente amenazas provenientes de actores criminales complejos”.
Los puntos clave del proyecto son:
- Declaración informativa e interrogatorio policial: se reintroduce la declaración informativa para las etapas iniciales de la investigación, permitiendo recolectar información cuando todavía es prematuro definir si una persona es imputada o testigo. Se habilita el interrogatorio policial en los primeros momentos investigativos y se elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
- Juicio penal en rebeldía: se amplía la posibilidad de juzgar a personas ausentes si han sido debidamente notificadas. Se establecieron mecanismos para revisar la condena si el imputado aparece más tarde con una justificación válida.
- Validación probatoria: se establecen reglas claras para validar pruebas que normalmente quedarían excluidas bajo la teoría del fruto del árbol envenenado.
- Allanamiento automático por secuestro de armas: se faculta el allanamiento sin orden judicial cuando se trata del secuestro de armas de fuego o materiales controlados en la vía pública.
- Derribo por orden fiscal: los fiscales podrán ordenar directamente la inactivación física de inmuebles utilizados para el microtráfico en casos de “extrema obviedad”, sin necesidad de intervención judicial previa.
- Medidas coercitivas por decreto fiscal: la Fiscalía podrá imponer medidas no privativas de la libertad mediante un decreto fundado. El control judicial se desplaza a una etapa posterior.
- Procedimiento por decreto penal: inspirado en el modelo alemán, se aplica a delitos menores y contravenciones que no implican prisión efectiva. El fiscal solicita un decreto de condena sin audiencia previa, revisable por un juez si el condenado lo solicita.
- Régimen agravado para internos de alto perfil: se crea un régimen de aislamiento extremo para presos que ordenen delitos graves desde los centros penitenciarios. Se suspenden las visitas físicas y el contacto familiar se limita a correspondencia escrita supervisada.
- Fortalecimiento de la inteligencia: se incluye formalmente el espionaje digital y electrónico como fuente del sistema de inteligencia, siempre bajo autorización judicial.
- Ampliación del programa de recompensas: el Poder Ejecutivo podrá ofrecer recompensas no solo para investigaciones criminales, sino también con multas preventivas, como incentivar el desarme voluntario o la denuncia de armas ilegales.
- Zona de intervención policial especial: se permite al Ejecutivo intervenir policialmente zonas con altos índices de criminalidad, otorgando facultades excepcionales para regular la circulación de personas y el uso del espacio público. La autoridad policial podrá establecer controles de acceso, limitaciones horarias, requisas, demorar personas hasta 48 horas y realizar allanamientos.