El Gobierno nacional abrió las ofertas económicas para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La empresa belga Jan De Nul presentó la propuesta más competitiva y quedó como principal candidata para administrar la vía navegable por 25 años.
La licitación internacional para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay ingresó en su etapa decisiva. Este martes, el Gobierno nacional realizó la apertura de las ofertas económicas, y la empresa belga Jan De Nul, asociada con la firma argentina Servimagnus, quedó como principal candidata para obtener la administración de la vía navegable troncal.
La compulsa enfrentó a dos gigantes internacionales del dragado: Jan De Nul (con Servimagnus) y la también belga DEME. Ambas compañías superaron previamente las etapas técnicas de evaluación y llegaron habilitadas a la instancia final del proceso licitatorio.
Según trascendió, Jan De Nul presentó una propuesta económica más competitiva, lo que la dejó mejor posicionada para obtener la concesión por los próximos 25 años, con posibilidad de extensión. El esquema contempla la operación, mantenimiento, dragado, señalización y cobro de peajes sobre la vía navegable.
La Hidrovía es considerada estratégica para la economía argentina y regional, ya que por ese corredor fluvial circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país. Además, conecta puertos de Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay con el océano Atlántico. También es un tema de seguridad: por allí circula la mayor parte del tráfico de drogas desde Sudamérica a Europa.
El pliego licitatorio prevé ingresos estimados para la concesionaria de alrededor de 15.000 millones de dólares durante todo el período de concesión, provenientes del cobro de peajes a buques y barcazas. El promedio anual proyectado ronda los 618 millones de dólares.
La licitación está atravesada por cuestionamientos políticos y denuncias de irregularidades. Un dictamen crítico de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) señaló observaciones. Además, se denunció la manipulación de una auditoría del proceso pedida a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). El Gobierno mostró un extracto del informe que esgrime como aval, pero el documento completo contiene observaciones sobre la transparencia de la privatización y requisitos bajo sospecha de ser un diseño a medida de uno de los oferentes, Jan De Nul.
El Ejecutivo sostuvo que el nuevo proceso fue rediseñado tras el fracaso de la licitación anterior y que cuenta con supervisión internacional para garantizar mayores estándares de transparencia y competencia. También hubo una medida cautelar que el Ministerio Público Fiscal desestimó, solicitada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, que pidió la suspensión inmediata del proceso licitatorio. Otros actores reclamaron que la operación de la vía troncal se divida en tramos.
Las objeciones llegaron desde Paraguay. Bernd Gunther, al frente del Centro de armadores fluviales y marítimos de ese país, expuso la necesidad de rever el cobro del peaje por TRN (por tonelada transportable y no efectivamente transportada) que se aplicará a todas las embarcaciones.
En torno a la licitación se sucedieron lobbys y operaciones políticas. La privatización implica el control de la autopista fluvial por donde salen granos, harina, aceite y parte de la industria automotriz argentina, además del tráfico ilegal. El contrato incluye servicios como relevamientos batimétricos e hidrométricos, control de derrames, reflotamiento y salvamento de buques. Detrás de esos negocios, según sospechas, hay empresarios cercanos a un sector del oficialismo, como el grupo de los hermanos Neuss, que suman contratos con el Estado y están vinculados al asesor sin cargo Santiago Caputo.
Las presiones sobre el proceso también incluyen a operadores locales, terminales portuarias, estudios jurídicos, gobernadores, exportadores y empresarios históricos ligados a la obra pública.
Lo que sigue es una etapa de análisis de la oferta económica para luego emitir un acta de evaluación. A partir de allí se abren siete días para presentar una impugnación. El siguiente paso es dictar una nueva resolución que, además de aprobar el acta, preadjudicará las obras. Finalmente, se firmará el contrato. El Gobierno calcula que falta «un mes largo» para la finalización de los procedimientos y la adjudicación definitiva de la concesión por 25 años con opción a cinco más.