El Poder Ejecutivo presentó un mensaje al Senado para eliminar la Ley 27.642, mientras que diputados oficialistas ingresaron un proyecto similar. Argumentan deficiencias técnicas y obstáculos al comercio.
El Gobierno nacional avanza en la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, sancionada en 2021. Este sábado ingresó al Senado un mensaje del Poder Ejecutivo firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. A esa iniciativa se suma un proyecto presentado una semana atrás por los diputados nacionales Daiana Fernández Molero (Pro) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza).
La norma vigente obliga a las empresas alimenticias a incluir octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de grasas, sodio, azúcares y calorías, y regula la publicidad dirigida a menores. El texto oficial argumenta que la aplicación de la normativa, basada en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció «limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas» que justifican su eliminación total.
En los fundamentos del proyecto, Fernández Molero y Bongiovanni sostuvieron que «a más de cuatro años de su implementación, la Ley de Etiquetado Frontal no cumplió sus objetivos y ninguno de esos propósitos fue alcanzado de manera satisfactoria». Agregaron que «las razones no son circunstanciales, sino estructurales: responden a un diseño técnico deficiente que genera confusión en el consumidor, desincentiva la reformulación y obstaculiza el comercio y la inversión».
Los diputados señalaron que el sistema de umbrales móviles adoptado en Argentina «confunde al consumidor en lugar de orientarlo», al evaluar la proporción de nutrientes sobre el total de calorías en lugar de cantidades absolutas. Afirmaron que «la coexistencia de cuatro sistemas de etiquetado distintos en el Mercosur obliga a adaptar envases, fórmulas y líneas de producción para cada mercado, con costos que recaen especialmente sobre las pymes exportadoras y, en última instancia, sobre los consumidores».
La industria alimenticia resistió desde un comienzo la sanción de la ley. Los diputados remarcaron que el bloque regional trabaja para unificar estándares, lo que evitaría que las empresas deban desarrollar líneas de producción diferenciadas para exportar. «Los productores, exportadores y consumidores requieren un marco normativo estable. La derogación legislativa es el único instrumento que ofrece esa certeza», resaltaron.
En 2024, el Gobierno ya había introducido modificaciones a la Ley 27.642, estableciendo la prohibición de publicitar alimentos y bebidas envasados dirigidos a niños y adolescentes, y exigiendo que las publicidades incluyan información clara sobre los sellos de advertencia.
Según un informe del sitio Chequeado, desde 2025 el Mercosur trabaja en la unificación del etiquetado frontal. Participan delegaciones de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. La FAO afirma que el etiquetado puede ser un instrumento eficaz para ayudar a los consumidores a elegir alimentos saludables. Un informe de la OPS de marzo destaca que Argentina es el país con la normativa más alineada con las mejores prácticas recomendadas por la agencia.
Actualmente, la Comisión de Alimentos del Mercosur avanza en la armonización. De alcanzarse el consenso necesario, el proyecto pasará a consulta pública por al menos 60 días. Para Argentina, al implicar modificaciones a una ley del Congreso, se requerirá una nueva intervención legislativa.