El organismo internacional convocó a una audiencia presencial para el 4 de agosto en Washington, tras una denuncia del Frente de Sindicatos Unidos y otras organizaciones.
El Estado argentino deberá explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por qué impulsó y puso en marcha una reforma laboral. Así lo resolvió el organismo internacional, que convocó al Estado a una audiencia presencial en Washington el próximo martes 4 de agosto, durante el 196° período de sesiones de la CIDH.
La denuncia fue presentada el 24 de abril por el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). En el texto de la presentación, el Fresu afirmó que la ley “retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas” y que “restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical”. También sostuvo que “deja aún más desprotegidas a las mujeres y las/os trabajadores informales, y desmantela el sistema administrativo de control de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales”.
Además, la denuncia señaló que “el proceso de reformas encarado por el gobierno combina el shock con la represión”. Como ejemplos de esas políticas, mencionó la multa de más de 21 mil millones de pesos al sindicato ferroviario La Fraternidad y la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
De la audiencia participarán representantes de las organizaciones denunciantes.
En paralelo, el Fresu denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la intervención de la UOM y el desplazamiento de su secretario general, Abel Furlán. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional y referente del Fresu, declaró desde Ginebra, Suiza, durante la 114° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT: “El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están entrometiéndose en la vida de los sindicatos imponiendo multas millonarias e interviniendo al sindicato industrial más grande de la Argentina como es la UOM”. Aguiar exigió que la Corte Suprema se expida sobre el caso y calificó la intervención judicial del gremio como “uno de los hechos de mayor gravedad institucional de nuestra democracia”. En su denuncia, el Fresu sostiene que los jueces participantes “carecen de la imparcialidad” exigida por la Constitución y que su actuación “vicia de nulidad todo lo actuado”.