El camarista Fabio Mudry escuchó este viernes los planteos de las empresas y la fiscalía sobre la medida que ordenó restituir fondos a dos víctimas santafesinas de una maniobra informática. La investigación penal avanzó con tres detenciones en Buenos Aires y mantiene otros tres pedidos de captura.
La discusión judicial por una investigación de ciberdelitos tramitada en Santa Fe sumó este viernes un nuevo capítulo. En una audiencia realizada cerca del mediodía en los tribunales santafesinos, el Colegio de Jueces de Segunda Instancia revisó la resolución que había ordenado a entidades financieras y plataformas de pago devolver cerca de 30 millones de pesos a dos víctimas de una estafa informática ocurrida en 2025.
La audiencia estuvo presidida por el camarista Fabio Mudry, quien escuchó los argumentos de las partes y anunció que dará a conocer su decisión por escrito, dada la complejidad técnica y jurídica del caso.
La medida bajo análisis había sido dictada el 27 de marzo por el juez penal Sergio Carraro, quien hizo lugar a un pedido de cese del estado antijurídico impulsado por el fiscal de Delitos Informáticos del Ministerio Público de la Acusación, Agustín Nigro. En aquella oportunidad, el magistrado ordenó que distintas firmas financieras restituyeran los fondos sustraídos a dos inversores de Santa Fe y Rosario, quienes habían sido víctimas de maniobras de suplantación de identidad que permitieron vaciar sus cuentas.
Audiencia con cambios
La audiencia de apelación presentó una novedad relevante desde el inicio. Apenas abrió el debate, el fiscal Nigro informó que la firma Mercado Libre SRL había sido desafectada de la causa. Según explicó, la fiscalía concluyó que la empresa resultó ajena a la maniobra investigada y que su participación en el proceso se había tornado «inoficiosa». De ese modo, la discusión quedó circunscripta a tres firmas: Invertir Online SA, Bind PSP SA y Tencopoint SA.
Sin embargo, solamente comparecieron representantes de las dos primeras. Por Bind PSP SA —procesadora de pagos vinculada al Banco Industrial— intervino el abogado Hernán Demartini, mientras que el apoderado legal de la compañía siguió la audiencia de manera remota. En representación de Invertir Online SA, plataforma asociada al Banco Supervielle, participó el abogado Rodrigo Vico Gimena junto con una apoderada de la empresa. También estuvieron presentes las dos víctimas, acompañadas por sus abogados patrocinantes, Alejandro Galoppo y María Natalia Krabler.
El planteo de las empresas
Durante la audiencia, los representantes de las compañías insistieron en los argumentos que ya habían expuesto en primera instancia. Sostuvieron que las propias plataformas también fueron víctimas de la organización criminal, ya que sus sistemas fueron vulnerados mediante documentación adulterada y mecanismos de validación biométrica fraguados. Bajo esa premisa, cuestionaron que la discusión se tramite dentro del proceso penal y consideraron que cualquier reclamo patrimonial debería ventilarse en la justicia civil. Con esos fundamentos solicitaron que la resolución de Carraro sea revocada.
La fiscalía, por el contrario, defendió la medida y ratificó la hipótesis sostenida desde el inicio de la investigación: las estafas fueron posibles por fallas en los controles de identificación y validación de identidad exigidos a las entidades financieras.
Tres detenidos
Además de responder a los planteos de las empresas, Nigro y el fiscal de Cámara Carlos Arietti informaron a Mudry sobre los avances registrados en los últimos días en la investigación penal. Entre ellos sobresalen los allanamientos realizados la semana pasada en la provincia de Buenos Aires, donde fueron detenidos dos hombres y una mujer señalados como integrantes de la organización que habría ejecutado las maniobras.
La pesquisa permitió reconstruir el recorrido de más de 34 millones de pesos que fueron sustraídos de cuentas de inversión pertenecientes a tres víctimas santafesinas. Según la acusación, los responsables utilizaron documentos adulterados y datos biométricos falsificados para abrir cuentas virtuales, asociarlas a las cuentas legítimas de los damnificados y transferir los fondos, que posteriormente fueron convertidos en criptoactivos.
Pese a las detenciones concretadas, la investigación permanece abierta. Fuentes judiciales indicaron que continúan vigentes otros tres pedidos de captura y, por esa razón, la fiscalía mantiene reserva sobre aspectos centrales de la operatoria y la identidad de los sospechosos.
Mientras tanto, la discusión sobre la restitución del dinero aguarda resolución. Según se ventiló en la audiencia, dos de las firmas involucradas ya habrían cumplido con las devoluciones ordenadas en primera instancia. La única que todavía no lo hizo es Invertir Online SA, que aguarda la definición de la Cámara.