El Poder Ejecutivo Provincial promulgó la Ley 14.456, que modifica el Código de Faltas para incorporar penas de arresto y multa contra quienes agredan verbal o físicamente a trabajadores de la salud animal en establecimientos públicos o privados de Santa Fe.
El Poder Ejecutivo Provincial promulgó la Ley 14.456, que incorpora sanciones específicas para quienes cometan agresiones verbales o físicas contra el personal de salud animal en establecimientos públicos o privados de la provincia de Santa Fe. La norma fue publicada en el Boletín Oficial y modifica el Código de Faltas provincial (Ley 10.703).
Según el texto de la ley, quien incurra en esas conductas será reprimido con arresto de uno a cinco días o multa de uno a veinte Jus, siempre que el hecho no constituya delito penal. La disposición se incorporó al Libro III, Título VI «Contra la seguridad de integridad personal», Capítulo II «Contra la integridad personal», como artículo 115 Quater del Código de Faltas.
La iniciativa fue presentada por el diputado Germán Scavuzzo (UCR) y aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2025, y posteriormente por el Senado sin modificaciones antes del receso invernal. El decreto de promulgación fue firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y refrendado por el ministro de Gobierno e Innovación Pública.
En los fundamentos del proyecto, Scavuzzo señaló que la medida busca otorgar a los equipos de salud animal la misma protección que ya poseen los trabajadores de la salud humana, quienes también enfrentan situaciones de violencia en el ámbito laboral. La norma se suma a otra disposición similar que sanciona agresiones en el ámbito educativo.
El Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe (1ra Circunscripción) informó que ofrece asesoramiento legal para la formulación de denuncias y procedimientos ante casos de difamación, calumnias, daños a la propiedad o agresiones en consultorios veterinarios. A nivel nacional, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires difundió una encuesta según la cual el 60% de los profesionales sufrió algún tipo de violencia en su ejercicio y el 81% reportó insultos, amenazas o intimidaciones.
La ley también ordena al Poder Ejecutivo implementar campañas de sensibilización y concientización sobre estas conductas y sus consecuencias.