La jueza federal de Garantías de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, dispuso hoy 180 días de prisión preventiva para los cinco hombres detenidos el pasado fin de semana en la Hidrovía del río Paraná y en allanamientos posteriores, en el marco de una causa por tráfico internacional de estupefacientes.
La jueza federal de Garantías de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, dispuso hoy la prisión preventiva por 180 días para S.D.S., D.A.L., A.G.S., J.E.A. y J.A.M., detenidos entre el 8 y el 9 de agosto en la Hidrovía del río Paraná y en allanamientos posteriores. La medida fue dictada durante una audiencia de formalización de la investigación en la que el Ministerio Público Fiscal imputó a los cinco como coautores de contrabando de exportación triplemente agravado y tráfico de estupefacientes en su modalidad de transporte y almacenamiento, ambos agravados por la intervención de tres o más personas.
La causa se inició en enero pasado a partir del hallazgo de un bolso estanco con aproximadamente 35 kilos de cocaína en la costa de Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires. Las tareas investigativas permitieron reconstruir parte de la logística de la organización y detectar una nueva maniobra en el río Paraná.
El 8 de agosto, personal del Departamento de Investigaciones del Narcotráfico de la Prefectura Naval Argentina interceptó una embarcación semirrígida en el kilómetro 351 del río Paraná, en jurisdicción de San Nicolás. En el interior había siete bolsos estancos con un total aproximado de 232 kilos de cocaína. En un allanamiento posterior en un domicilio de Ramallo se secuestraron otros ocho bolsos con 267 kilos de la misma sustancia.
El fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), sostuvo que la organización tenía “una logística importante, tanto de recursos materiales como económicos” y que la droga secuestrada podría alcanzar un valor de hasta 45 millones de dólares según su destino final. La jueza Marrón coincidió con el pedido fiscal y fundamentó la medida en el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta los antecedentes penales de dos de los imputados y la elevada pena en expectativa.
La prisión preventiva regirá hasta el 7 de febrero de 2027. Además, la magistrada autorizó peritajes sobre los dispositivos electrónicos incautados, ratificó los secuestros de vehículos y embarcaciones y dispuso la inhibición general de bienes de los cinco imputados.