Un análisis de la consultora Qualy indica que, si se hubiera aplicado la actualización metodológica que el Indec suspendió en febrero, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 sería de 344,3%, frente al 328,8% que arroja el índice vigente. La diferencia se atribuye a la mayor ponderación de servicios públicos, transporte y alquileres en la canasta actualizada.
Un ejercicio de la consultora Qualy reveló que, de haberse aplicado la actualización metodológica en el Indec que el Gobierno postergó en enero, la medida de la inflación acumulada desde diciembre de 2023 sería del 344,3%. Con el sistema actual, basado en ponderaciones de 2004, el índice da 328,8%. La diferencia es de 15,5 puntos porcentuales.
El Indec había anunciado en octubre de 2025 que comenzaría a difundir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la estructura de gastos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 a partir de enero de 2026. La actualización fue suspendida por el Gobierno a comienzos de febrero. El entonces director del Instituto, Roberto Lavagna, renunció. El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la decisión con el argumento de que «no hay que cambiar el índice ahora» y que el actualizado «da prácticamente igual».
La reconstrucción de Qualy, que recalculó mes a mes el índice desde diciembre de 2023 utilizando las ponderaciones de la encuesta de gastos 2017/18, muestra que, si bien la diferencia mensual puede ser mínima (en julio, por ejemplo, la nueva medición habría dado 2,14% contra el 2,11% oficial), el efecto acumulativo a lo largo de más de dos años amplifica esa brecha hasta los 15,5 puntos porcentuales.
El núcleo de la diferencia está en la ponderación de cada rubro en el presupuesto familiar. Según el trabajo de Qualy, «a diferencia de la estructura metodológica vigente, la canasta actualizada le otorga una incidencia significativamente mayor al bloque de Servicios sobre el índice general». Durante el gobierno de Javier Milei se produjeron aumentos en tarifas, transporte y alquileres, rubros que con la nueva ponderación tienen un impacto mayor en el resultado final. La estructura vigente utiliza ponderaciones determinadas a partir de la encuesta de 2004/05, actualizadas luego por la evolución de los precios.
El Indec continúa midiendo la canasta basada en la ENGHo 2004-2005, que incluye ítems como disquetes, casetes, reproductores de MP3, iPods, revelado de rollos fotográficos, aparatos de fax, vehículos de tracción animal como sulkys y carros, y televisores de tubo (CRT). No mide consumos tecnológicos recientes como plataformas de streaming, aplicaciones de movilidad o servicios en la nube.
Un punto central del desfase es la ponderación de tarifas de servicios públicos. Energía eléctrica, gas y agua tienen un peso menor al real (9,4%), cuando con patrones actualizados deberían representar un porcentaje mayor del gasto de las familias. El rubro de alimentos y bebidas detenta una porción muy alta que deforma el impacto relativo frente a otros bienes y servicios.
Al indexar o negociar aumentos salariales basados en un IPC más bajo, los trabajadores enfrentan un costo de vida real superior debido a los aumentos en tarifas de servicios. Las referencias oficiales no reflejan los gastos cotidianos actuales de los hogares, lo que debilita el impacto real de las actualizaciones salariales. Se estiman diferencias de varios puntos porcentuales en la evolución real del salario si se compara contra una canasta actualizada. Las remuneraciones estatales y jubilaciones atadas al índice oficial sufren un deterioro frente a los gastos corrientes de las familias. Además, un índice de inflación retrasado deprime artificialmente los límites de las canastas básicas, alterando los umbrales oficiales de indigencia y pobreza.