La iniciativa, que será abordada este lunes en la reunión de Gabinete, propone endurecer sanciones contra empresas que operen en las Islas sin autorización argentina. Desde la oposición, surgen cuestionamientos sobre su aplicación y su relación con el RIGI.
El proyecto del Gobierno nacional sobre las Islas Malvinas, impulsado por el presidente Javier Milei, será tratado este lunes en la reunión de Gabinete en Casa Rosada. La iniciativa, denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, busca endurecer la Ley 26.659 contra empresas que realicen actividades hidrocarburíferas en la zona sin autorización argentina, extender sanciones a proveedores de servicios y crear un Consejo de Seguridad Nacional.
Según el anuncio presidencial, el paquete incluye una nueva arquitectura de seguridad nacional y coordinación entre Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. En cadena nacional, Milei afirmó: “Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional”.
El proyecto también contempla mecanismos de protección de infraestructura crítica y de los espacios aeroespacial y marítimo. El Ejecutivo planea enviar la ley al Congreso junto con la agenda parlamentaria que incluye el Presupuesto 2027.
Desde la oposición, el diputado Guillermo Michel (Unión por la Patria) presentó una iniciativa para eliminar beneficios fiscales a empresas británicas que invierten en Argentina. Michel argumentó que más de 500 contribuyentes británicos utilizaron en los últimos años los beneficios contemplados por convenio. “Es hora de cortar con estos privilegios para contribuyentes de un país que no respeta a la Argentina”, expresó.
Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) señaló que la empresa Harbour Energy, vinculada a actividades en Malvinas, participa de un proyecto alcanzado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según Ferraro, Harbour Energy posee el 15% de Southern Energy, autorizada por la Resolución 559/2025 para producir y exportar gas desde Río Negro. El legislador indicó que la empresa operaba anteriormente como Premier Oil PLC, inhabilitada en 2013 por actividades de exploración no autorizadas.
El canciller Pablo Quirno Magrane confirmó que las medidas alcanzarán a proveedores de servicios petroleros, financieros y de seguros vinculados a las operaciones en Malvinas. “Es un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, más sus proveedores de servicios petroleros, financieros, de seguro, etcétera”, declaró durante la 47.ª Convención del IAEF.