El juez federal Ariel Lijo solicitó este lunes la detención del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, tras su procesamiento en la causa por presuntas coimas. La medida se basa en nuevos elementos de convicción sobre irregularidades en contrataciones durante su gestión.
Luego de su procesamiento en la causa por las presuntas coimas en la ANDIS, el juez federal Ariel Lijo pidió este lunes la detención del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, por las supuestas irregularidades en la entidad.
El pedido del magistrado fue «en virtud de los nuevos elementos de convicción incorporados que profundizan las irregularidades denunciadas respecto de las contrataciones realizadas durante su gestión», indicó.
El escrito, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, apuntó a los informes en los que «se habrían constatado diferencias de precios de extraordinaria magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y adquisiciones en las que los productos entregados no se correspondían con aquellos que habían sido adjudicados».
«No se trata, entonces, de una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo. Los elementos recientemente incorporados describen una multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que se habrían producido significativas afectaciones al patrimonio público, durante el período en que Diego Spagnuolo se encontraba al frente de ANDIS», sostuvo el texto.
En este contexto, el abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ex funcionario, remarcando su reciente procesamiento por ser considerado el jefe de una asociación ilícita dedicada a direccionar la compra de medicamentos e insumos médicos a determinados laboratorios y empresas con coimas y sobreprecios.
Además, advirtió sobre el posible «peligro de entorpecimiento», la posibilidad de que Spagnuolo «destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba», que «influya para que testigos o peritos» e incluso pidió evaluar el «peligro de fuga».
Agencia NA