El máximo tribunal afirmó que no se expidió sobre la constitucionalidad del DNU 70/2023 y que la controversia de fondo sigue sin resolverse. Cuestionó la promoción de mensajes de odio en redes sociales.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un comunicado para aclarar el alcance de su sentencia en la causa «Cecim c. el Gobierno Nacional», en la que dejó sin efecto una medida cautelar contra el DNU 70/23 por falta de legitimación procesal de la organización que la planteó.
El tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, sostuvo que la decisión «sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema».
En ese sentido, aclaró que «la sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales» y que «tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente».
La Corte señaló además que «los grupos de interés que presionan sobre el tema, también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales».
El comunicado indica que «tampoco se obstaculiza la función del Honorable Congreso de la Nación en el tratamiento de este aspecto del DNU 70/2023, que fue rechazado por el Senado de la Nación el 14 de marzo del año 2024 y, está siendo examinado por la Cámara de Diputados de la Nación».
Como marco referencial, el tribunal recordó que en su jurisprudencia «ha ejercido un liderazgo en la protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos durante muchos años, y no es conveniente intentar confundir a la población en este aspecto».
«La crítica es correcta; la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia», subraya el texto.
La Corte insistió en que «la controversia referida a la ley de tierras, es decir, el artículo 154 del DNU 70/2023 y la vigencia de la ley 26.737, (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales), no ha sido resuelta en este caso, como se aclaró expresamente».
«La Corte se expedirá sobre las normas jurídicas conocidas como ley de tierras cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento. De modo que no puede interpretarse de ninguna manera que exista una posición del Tribunal o de los ministros sobre el referido régimen», concluye.