El acuerdo fue suscripto este martes por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Moreno Robinson. Define la asignación de espacios en el edificio Anexo del Palacio de Justicia y pautas de funcionamiento, obras, servicios y seguridad.
Con la presencia de cinco de los siete ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, se formalizó este martes el acuerdo que establece cómo se distribuirán los espacios del nuevo edificio Anexo de los Tribunales de la capital provincial.
El convenio de colaboración fue rubricado por el presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez; la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich; y la defensora general del Ministerio Público de la Defensa (MPD), Estrella Moreno Robinson.
El entendimiento pone por escrito el resultado de siete meses de reuniones, propuestas y evaluaciones técnicas sobre la utilización del inmueble, que comenzó a ser ocupado progresivamente por organismos del Poder Judicial durante los últimos meses.
El acta establece, en primer término, que la Corte y ambos ministerios públicos acuerdan la distribución de los espacios físicos dentro del Edificio Anexo del Palacio de Justicia, de acuerdo con los metros cuadrados asignados en el plano adjunto que forma parte del convenio.
La distribución contempla sectores del primer piso para el Ministerio Público de la Defensa, sectores del quinto para el Ministerio Público de la Acusación y el sexto piso para ambos organismos, así como una parte del subsuelo.
En cuanto al último nivel, se encuentra cerrado exteriormente, con vidrios y techo, pero requiere la ejecución completa de las obras interiores para poder ser utilizado, lo cual según adelantaron las representantes de los ministerios públicos, “demandará años”.
Obras y servicios
El segundo punto del convenio establece que tanto el MPA como el MPD podrán realizar las reformas y adecuaciones necesarias para poner en funcionamiento los espacios que les fueron asignados. Para ello deberán acordar previamente las intervenciones con el Poder Judicial.
La cláusula permite así que los ministerios públicos puedan adaptar sus respectivos sectores a las necesidades funcionales de cada organismo, dentro de la distribución establecida y en coordinación con la administración del edificio.
El tercer punto determina que el consumo correspondiente a la telefonía fija y a la energía eléctrica de todo el inmueble quedará a cargo del Poder Judicial. De esta manera, esos servicios serán administrados como parte del funcionamiento general del Anexo.
En materia tecnológica, el cuarto punto dispone que cada uno de los ministerios públicos contará con su propio datacenter, independiente del correspondiente al Poder Judicial. Se trata de una previsión vinculada con la autonomía funcional de los organismos y con las necesidades específicas de sus sistemas informáticos.
El quinto apartado establece que será el Poder Judicial el encargado del servicio de videovigilancia de todo el edificio, así como de la seguridad general del recinto.
Finalmente, el sexto punto prevé un mecanismo para resolver eventuales diferencias vinculadas con la aplicación del convenio: “cualquier controversia será resuelta con acuerdo de partes”, establece el acta.
Siete meses de conversaciones
La definición alcanzada este martes tiene como antecedente una discusión que comenzó formalmente en febrero, cuando la Corte resolvió avanzar con una readecuación del Anexo para atender las necesidades de los organismos judiciales.
La cuestión adquirió una nueva dimensión a partir de la reforma de la Constitución provincial de 2025, que estableció la autonomía institucional del MPA y el MPD respecto del Poder Judicial.
Ambos ministerios habían sostenido que desde la concepción del edificio se habían previsto espacios para su funcionamiento y reclamaron que esa planificación fuera contemplada en la distribución definitiva. En abril, Vranicich y Moreno Robinson solicitaron conjuntamente una reunión de trabajo con la Corte para avanzar en una solución.
El primer ofrecimiento concreto llegó el 23 de junio, cuando el máximo tribunal propuso destinar al MPA y al MPD la totalidad del sexto piso del Anexo y el inmueble que había ocupado el fuero Laboral en San Martín 2651.
Posteriormente, durante agosto, la Corte amplió la propuesta e incorporó sectores del primer y quinto pisos, además de otro inmueble ubicado en la esquina de Amenábar y San Jerónimo.
Las conversaciones continuaron mientras comenzaban las mudanzas de organismos judiciales al nuevo edificio. El 29 de septiembre, el MPA y el MPD presentaron una nota en la que aceptaron parcialmente la propuesta de la Corte. En ese escrito rechazaron la alternativa del inmueble externo de Amenábar y San Jerónimo y solicitaron una nueva revisión de los espacios disponibles dentro del Anexo.
El acuerdo firmado este martes recoge esa evolución y fija finalmente la distribución dentro del edificio. Al mismo tiempo, deja establecidas las pautas para las obras, los servicios, la infraestructura tecnológica y la seguridad.
Del encuentro participaron, además de Gutiérrez, los ministros Margarita Zabalza, Roberto Falistocco, Rubén Weder y Diego Maciel. Los ministros rosarinos Jorge Baclini y Daniel Erbetta habían informado su ausencia.