Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso indica que la provincia recibirá $8,96 billones, de los cuales $8,87 billones corresponden a coparticipación, leyes especiales y compensación del Consenso Fiscal. Las transferencias discrecionales representan el 1% restante.
Un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 señala que el 99,0% de los recursos nacionales proyectados para la provincia de Santa Fe corresponde a transferencias automáticas, mientras que el 1,0% restante son transferencias discrecionales.
De acuerdo con las cifras del informe, Santa Fe recibirá recursos totales por $8.962.274 millones. Las transferencias automáticas (Coparticipación Federal de Impuestos, Leyes Especiales y Compensación del Consenso Fiscal) suman $8.871.486 millones, lo que representa un incremento real proyectado del 6,9% respecto a 2026, sobre una inflación promedio estimada del 21,1%.
El desglose de las transferencias automáticas es el siguiente: Coparticipación Federal de Impuestos, $8.221.232 millones (+29,2% nominal / +6,7% real); Leyes Especiales, $528.241 millones (+31,2% nominal / +8,3% real); y Compensación Consenso Fiscal, $122.013 millones (+41,9% nominal / +17,2% real).
En concepto de transferencias presupuestarias directas (corrientes y de capital), el proyecto asigna preliminarmente $90.788 millones a la provincia. En la distribución geográficamente determinada para Santa Fe se destacan: Plan Nacional de Alfabetización, $55.431 millones; Desarrollo de Infraestructura Hidráulica, $27.454 millones; Infraestructura y Equipamiento Escolar, $3.327 millones; y resto de transferencias de capital y corrientes, $4.575 millones.
En las planillas iniciales del proyecto no figuran créditos asignados directamente a la casilla geográfica de Santa Fe para las Cajas Previsionales Provinciales ni Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con $0 anotados en el desglose inicial. Ambos rubros cuentan con partidas globales presupuestadas a nivel nacional: $503.326 millones para cajas no transferidas y $300.994 millones para ATN, clasificadas temporalmente bajo la etiqueta «Sin especificar» a la espera de acuerdos políticos.
El artículo 60 del proyecto de ley establece condicionalidades para la cobertura del déficit de las Cajas Previsionales no transferidas, exigiendo la firma de acuerdos previos con ANSES sobre déficits reconocidos del ejercicio 2021 o posterior. La partida de ANSES prevista para provincias que no transfirieron sus cajas es de $503.326 millones.
En materia de endeudamiento, el artículo 50 autoriza un máximo de US$ 300 millones en avales para Santa Fe destinados a obras de infraestructura, con un plazo mínimo de amortización de 3 años. La distribución es: Acueducto Biprovincial Santa Fe – Córdoba, US$ 125 millones; Defensa contra inundaciones San Javier, US$ 25 millones; e Infraestructura Económica, Productiva y Social, US$ 150 millones.
El Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) contempla $66.110 millones en obras dentro del territorio santafesino: $30.645 millones en Inversión Real Directa ejecutada por la Nación y $35.465 millones en Transferencias de Capital.
Para las universidades nacionales radicadas en la provincia, el proyecto fija asignaciones directas: Universidad Nacional de Rosario (UNR), $318.173 millones; Universidad Nacional del Litoral (UNL), $140.917 millones; y Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), $9.564 millones.
Las prestaciones sociales del Estado Nacional ejecutadas en Santa Fe totalizan partidas que incluyen $6.148.588 millones en Jubilaciones y Pensiones, $990.479 millones en Asignaciones Familiares, $469.740 millones en Pensiones No Contributivas, $208.364 millones en Políticas Alimentarias y $202.769 millones a través del PAMI.
A nivel consolidado, el Anexo II del informe de la OPC analiza el impacto del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 sobre los 24 distritos subnacionales, con una masa global de recursos de $106.619.679 millones. Las transferencias automáticas ascienden a $104.031.493 millones, el 97,6% del total, con una variación promedio estimada del 30,1% nominal y 7,4% real frente a 2026. Las transferencias no automáticas suman $2.588.186 millones (2,4% del consolidado), de las cuales $2.434.844 millones son corrientes y $153.342 millones de capital.
El informe destaca que el 64,2% de las transferencias no automáticas ($1.661.802 millones) se incluye inicialmente sin imputación geográfica definida («Sin especificar / Nacional / Interprovincial»), reservando su distribución efectiva para la fase de ejecución presupuestaria. Nueve programas presupuestarios explican el 89,4% de los fondos no automáticos asignados a nivel nacional, entre ellos el Plan Nacional de Alfabetización ($612.822 millones), Cajas Previsionales Provinciales ($503.326 millones), Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas Dto. 969/24 ($493.191 millones), Relaciones con Provincias y Desarrollo Regional ATN ($300.994 millones) y Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas ($257.662 millones).
Los proyectos de inversión pública financiados con fondos nacionales alcanzarán $4.910.178 millones, de los cuales $1.910.864 millones corresponden a Inversión Real Directa y $1.496.198 millones a Transferencias de Capital a las provincias. Las universidades nacionales se distribuyen $7.349.082 millones, encabezadas por la UBA con $1,09 billones, la Universidad Nacional de Córdoba con $405.658 millones y la UNLP con $439.109 millones.
Un conjunto de 12 programas sociales movilizará $128.379.823 millones, con predominio de Jubilaciones y Pensiones ($92,2 billones) y Asignaciones Familiares ($14,3 billones).
En el apartado fiscal, el Ministerio de Economía proyecta que las provincias lograrán equilibrio fiscal (0,0% del PBI) en 2027, tras registrar un déficit del -0,3% del PBI en 2025 y 2026. Los servicios de deuda representan un 6,1% de los recursos corrientes en 2027. Dado que más del 80% del stock de deuda provincial está denominado en moneda extranjera, la OPC remarca la sensibilidad fiscal ante la estabilidad del tipo de cambio.
La normativa presupuestaria estratégica incluye el artículo 13, que prorroga la afectación específica de recursos coparticipables destinada al financiamiento educativo provincial; el artículo 50, que habilita avales del Tesoro Nacional por un total máximo de USD 1.320 millones para endeudamiento subnacional con fines de infraestructura; y el artículo 59, que deroga el esquema de asignación interna del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte (FFSIT), otorgando mayor discrecionalidad en el uso de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles.