La diputada socialista Lionella Cattalini pidió «calmar» el debate y sostuvo que los temas de seguridad requieren consenso. El radicalismo impulsa el paquete de leyes y advierte por demoras. La sesión en Diputados se realizaría esta semana.
El tratamiento del paquete de leyes de seguridad enviado por el Ejecutivo provincial tuvo su punto de mayor tensión la semana pasada, cuando el sector del radicalismo que impulsa la iniciativa se enfrentó con el socialismo, que solicitó más tiempo para el debate. Esta semana continuará la negociación interna en el bloque Unidos y, según legisladores consultados, se proyecta un consenso aunque no está garantizado.
«Me animo a decir: vamos a calmarnos. Cuando a la provincia de Santa Fe le fue bien en materia de seguridad, es porque se lograron grandes consensos para avanzar», declaró la diputada socialista Lionella Cattalini en el recinto, al referirse al ritmo de tratamiento de la ley que el Ejecutivo considera prioritaria.
Cattalini mantuvo un cruce con el senador radical Felipe Michlig, quien respondió a un pedido de celeridad que la diputada había formulado semanas antes a la Cámara alta. Michlig reclamó por la demora en la reforma de seguridad. Según fuentes legislativas, el malestar se arrastra desde entonces.
Reforma de seguridad: negociación en curso
En el radicalismo, encargado de impulsar el proyecto denominado «Herramientas para el fortalecimiento en seguridad pública», interpretan que la demora del socialismo responde a un posicionamiento político. «¿Justo este tema que es eje en el gobierno? ¿No pueden pelear con otra cosa?», señalaron desde ese sector.
El paquete anterior de seguridad contó con el acompañamiento mayoritario de la oposición. En esta oportunidad, la aprobación depende de los 14 votos del socialismo, según el conteo legislativo.
Desde el Partido Socialista sostuvieron: «No soy ingenuo, pero no es un problema político». Y agregaron: «Es microclimático». Con esa expresión, legisladores de ese espacio indicaron que los roces son ajenos a la ciudadanía.
En los últimos días, algunos legisladores con experiencia coincidieron en no dramatizar la situación y en interpretarla como parte de la dinámica legislativa, con una salida posible.
En un punteo explicaron que primero se expresan posicionamientos políticos, luego se mezclan aspectos ideológicos y la dinámica de la negociación depende del tema. «Este tema es neurálgico», afirmaron.
La inquietud del radicalismo por la demora se vincula con la posición del Ejecutivo, que considera necesario el paquete para sostener los logros en materia de seguridad. Según el gobierno, el problema no está resuelto sino contenido.
Una encuesta de Innova Opinión Pública, realizada sobre 400 casos en Rosario entre el 15 y el 17 de octubre, registró que el principal problema sigue siendo la inseguridad (38%), seguido por el desempleo (14%) y el narcotráfico (12%). El mismo estudio indicó que un 64% en Rosario acuerda en que la seguridad mejoró desde que asumió el gobernador Maximiliano Pullaro.
Posiciones del socialismo y del peronismo
En el socialismo argumentaron que se requiere tiempo porque son temas complejos que pueden afectar garantías. «Hay que darnos más tiempo para el debate. Debemos seguir avanzando con los diálogos para que las leyes sean efectivas y no sean cuestionadas luego», dijo Cattalini.
La diputada Celia Arena, del peronismo, se expresó en la misma línea: «Obviamente, estamos absolutamente de acuerdo que son necesarias para combatir el delito. Entendemos que en ese contexto pedimos algunas cuestiones vinculadas con la efectividad, pero también a no habilitar patente de corso».
Cerca del Ejecutivo recordaron que el proyecto tiene media sanción del Senado desde mayo y que hasta el momento no recibieron devoluciones consistentes. En el socialismo descartaron que exista intransigencia, como otros sectores perciben.
La indefinición derivó el miércoles pasado en una reunión entre los ministros Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad) y Fabián Bastia (Gobierno) con legisladores para destrabar el paquete. Según las versiones recogidas, el proyecto original se encaminaba a ser modificado. Los funcionarios rechazaron esa posibilidad y sostuvieron el texto original. La sesión de Diputados se reprogramó para esta semana.
El gobernador Maximiliano Pullaro también se refirió al tema: «No voy a mandar ninguna ley que sea inconstitucional».
Hay tres o cuatro puntos observados también por el Poder Judicial. «No solo discutamos facultades policiales», dijo Cattalini, con lo que dejó ver el núcleo del descontento.
Esos puntos deberán negociarse «calmados» para llegar al jueves con acuerdo y tratarlos en la sesión. «No van a aflojar fácil», dijeron desde uno de los sectores de Unidos, expresión que, según las fuentes, podría aplicarse a ambas partes de la mesa de negociación.