El diputado nacional por Santa Fe y presidente de la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, se refirió a la situación del sector y a los proyectos en análisis. La comisión prevé emitir dictamen el 17 de noviembre.
Pablo Farías fue electo diputado nacional en las elecciones legislativas de 2025 y desde marzo preside la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados. En diálogo con El Litoral, el legislador por Santa Fe describió el trabajo de la comisión y los proyectos en estudio.
Por esa comisión y por la de Comercio, que en ocasiones sesionó de forma conjunta y preside el diputado cordobés Juan Brügge, pasaron representantes de cámaras nacionales y federaciones provinciales, de los sectores textil, autopartista, energía, producción láctea, remises y comercio exterior, entre otros.
Farías informó que para mediados de este mes está previsto presentar un monitor pyme y que el 17 de noviembre se buscará avanzar en un dictamen para llevar al recinto.
El diputado mencionó cinco propuestas para el sector: un año sin embargos ni juicios de ARCA para las pymes que mantengan al menos el 90 % de su planta de personal; planes de pago accesibles; estabilidad fiscal por 24 meses sin nuevos impuestos nacionales ni aumentos de alícuotas; reducción de anticipos de Ganancias, y pago en término por parte del Estado nacional a pymes proveedoras.
Consultado sobre el panorama del sector, Farías afirmó: «Estamos en una suerte de callejón sin salida para la mayoría de los planteos, particularmente de las pymes y de las microempresas». Y agregó: «En el proceso que se está dando en las políticas del gobierno no se las tiene en cuenta y eso se nota».
Respecto de los datos económicos, sostuvo: «Tenemos una caída de la actividad económica ya por un segundo trimestre que, para la mayoría de los economistas, demuestra que técnicamente estamos entrando en recesión». También señaló que «la caída del consumo es muy pronunciada» y que «en gran parte lo destina a los gastos fijos, que han aumentado por sobre la inflación y también por el endeudamiento».
Sobre las iniciativas legislativas, indicó que «no hubo posibilidad de avanzar con representantes del gobierno y se nos acaba el período ordinario de sesiones» el 30 de noviembre, por lo que fijaron el 17 de noviembre como límite para dictaminar.
En cuanto a los proyectos, explicó que buscan atender «la situación coyuntural más compleja de las pymes» y mencionó el alivio fiscal. Criticó la actuación de ARCA: «el promedio de inicio de acciones judiciales no supera los 30 días desde los vencimientos impositivos hasta el inicio de las acciones y esto, para el sector pyme, es tremendo porque no hay crédito o el que hay es muy escaso, muy caro».
También se refirió al contrabando: «Todos los sectores aseguran que ingresa una enorme variedad de productos con mucha facilidad».
—¿El “paraguas” de todos esos proyectos sería una emergencia?
—El de la emergencia es un problema político; el gobierno no quiere una emergencia por ley. Pero declarándola o no, hay normas que son imprescindibles para detener los embargos y las inhibiciones, extender el plazo exiguo que hoy otorga ARCA para los pagos y regular las tasas. Porque las empresas se encuentran con planes de pago a 12 meses con tasas del 37 ó 38 %, por encima de la inflación y eso no tiene ningún sentido.
—La inflación bajó pero el dinero no llega a manos de la gente y las empresas pequeñas no tienen las mismas herramientas para defenderse que las grandes.
—Es un lugar clave y por eso el esfuerzo que estamos haciendo para lograr un resultado, aunque es muy difícil con un gobierno que no está dispuesto a moverse de su discurso. Ayer (por el jueves) pasó algo muy sintomático: la provincia organizó junto al gobierno nacional una ronda de negocios o feria de las empresas que están con RIGI aprobados y pymes. Hubo una concurrencia importante; obviamente las pymes quieren ver si pueden insertarse en esta economía. Lo sintomático es que a esta actividad la organizó el Estado, con lo cual es indudable que su papel es fundamental para generar estos vínculos; no suceden naturalmente. Es un contramensaje al mensaje libertario de que, mágicamente, la sola existencia de las inversiones del RIGI van a derramar. Pero no lo van a hacer, tampoco Vaca Muerta en Neuquén. Claramente el Estado tiene que hacer algo y la ley tiene que exigir estas acciones.
—¿Se está trabajando en espejo con el Senado?
—El Senado está trabajando en proyectos con los cuales abrigamos una leve expectativa de que venga una media sanción que podamos compatibilizar con lo que estamos reclamando desde la comisión Pyme. Es cierto que los tiempos no nos juegan a favor, porque si esto llega sobre el límite de las ordinarias y producimos una modificación que requiere una devolución al Senado y el tema no lo incluye el Ejecutivo en extraordinarias, vamos a pasar a marzo. Y es mucho tiempo para las empresas.
—¿Cuál es el último registro que tienen de cierre de pymes?
—En términos generales, está claro que hay una caída y en ese diagnóstico coinciden todas las fuentes, pero hay diferencia en los datos. Las cifras con las que contamos demuestran que cada 24 horas, 30 empresas cierran en la Argentina y desde fines de 2023, 98 de cada 100 empresas que dejaron de tener empleados, eran pymes. En Santa Fe también se siente el impacto: hay 15.930 empleos menos y el 89 % de los puestos perdidos eran de pymes. En términos generales, todos coinciden en el diagnóstico, pero estoy trabajando con el grupo que me asesora para compendiar toda la información y presentar un monitor pyme de la comisión, posiblemente para mediados de noviembre. Igual, desde cualquier punto de vista y tomando el monitor que sea o el indicador que consideremos más importante, la situación siempre es grave. Más allá del fundamentalismo que en estas cosas tiene el gobierno nacional de no querer moverse de su discurso, la realidad indica que el Estado va a tener que hacer algo, porque las inversiones no derraman por sí solas.