La normativa, impulsada por el Ministerio Público de la Acusación, crea una base de datos de IMEI y regula los locales de compra y venta de equipos usados.
Este lunes comenzó a regir la nueva ley destinada a combatir el robo de teléfonos celulares, una normativa que surge a partir de una iniciativa impulsada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El objetivo central de la legislación es abordar esta problemática delictiva desde una perspectiva integral, combinando tareas de inteligencia, análisis de datos e investigación criminal para frenar tanto el arrebato como la posterior reventa de los dispositivos.
Al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la sustracción de teléfonos móviles está estrechamente vinculada con la existencia de un mercado ilícito que facilita la rápida comercialización de los equipos robados. «Lo que se pensó fue instituir las bases normativas para un trabajo integral», señaló el funcionario al detallar el espíritu de la medida.
Uno de los pilares fundamentales de la flamante normativa será la creación de una base de datos unificada que reunirá los códigos IMEI de todos aquellos aparatos que hayan sido denunciados como robados. Por este motivo, el ministro hizo especial hincapié en la importancia de que los ciudadanos que sufran el robo de su teléfono realicen la denuncia formal, ya que esa carga de información permitirá que el personal policial pueda verificar la procedencia de los dispositivos durante los controles preventivos en la vía pública.
En paralelo, la ley establece la obligatoriedad de registrar a todos los establecimientos comerciales que se dediquen a la compra, venta y reparación de celulares usados. Con esta herramienta, las autoridades apuntan a identificar, fiscalizar y tener un mayor control sobre los locales donde habitualmente se reducen o comercializan equipos de origen ilegal.
Finalmente, Cococcioni destacó que la puesta en marcha de esta legislación permitirá articular diversas herramientas de prevención e investigación estatal para intervenir de manera directa y efectiva sobre toda la cadena del circuito de comercialización ilegal de telefonía móvil.
