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Senado sancionó por unanimidad la nueva ley de discapacidad

El Senado nacional convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto de discapacidad que mantiene los beneficios de la norma que vence en diciembre próximo. La iniciativa fue aprobada por 71 senadores.

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El Senado sancionó por unanimidad la ley de Discapacidad

La Cámara alta convirtió en ley el proyecto que reemplaza la emergencia por un régimen permanente de beneficios para personas con discapacidad. La iniciativa fue aprobada con 71 votos.

El Senado de la Nación sancionó este jueves por unanimidad el proyecto de ley de Discapacidad, que establece un régimen permanente de beneficios en reemplazo de la ley de emergencia que vence en diciembre. La iniciativa fue aprobada con los 71 legisladores presentes.

El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, replica prácticamente todo el esquema de beneficios de la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. De esta manera, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público.

Entre sus principales puntos, mantiene la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria —vinculado al IPC— y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. También crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.

Durante el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, afirmó: «La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo».

La senadora Alicia Kirchner sostuvo que «ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida» y agregó: «Hoy estamos dando una respuesta muy importante, pero no definitiva».

La senadora Lucía Corpacci expresó que al presidente Javier Milei «no le interesan los discapacitados y así lo demostró con las políticas que ha instrumentado» y que esta ley sale «porque los colectivos de discapacidad salieron a la calle». Además, planteó: «Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle. Tiene cosas por mejorar pero por lo menos mantiene los derechos. Pero si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena».

La senadora Alejandra Vigo manifestó que es necesario «optimizar recursos y acompañar a las provincias porque eso garantiza los servicios a las familias con personas con discapacidad. Esas garantías de los servicios se traduce en derechos adquiridos de personas con discapacidad».

El presidente del bloque del PRO, Martin Goerling Lara, afirmó que «la dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. Hoy tenemos la oportunidad de darles previsibilidad y respeto».

El senador radical Maximiliano Abad dijo que «es fundamental dejar atrás las respuestas de emergencia y avanzar hacia políticas públicas sostenidas que protejan los derechos de las personas con discapacidad» y agregó: «Durante los últimos años vimos profesionales con aranceles congelados, demoras de meses en los pagos, instituciones en crisis y familias que vivieron con la incertidumbre de no saber si podían sostener los tratamientos».

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, calificó la ley como «un acuerdo social y un acuerdo político» y sostuvo que las prestaciones «son más adecuadas que las que se habían votado en las emergencias y en los parches». Reconoció «las falencias de auditorías y la incertidumbre generada por las sucesivas prórrogas» y remarcó que la nueva ley «reconoce esa realidad y establece un marco de mayor certeza». También señaló que la diferencia con la emergencia es que se «vota una ley donde se establece de dónde saldrán los fondos» para solventar estas prestaciones.

Previo a la discusión del dictamen sobre discapacidad, se dio ingreso formal a una serie de pliegos para ocupar cargos en la justicia y se votó el ascenso al grado inmediato superior al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, titular de la Casa Militar. El pliego se aprobó por 59 votos afirmativos, 3 negativos y 1 abstención. También se votaron mociones para trato preferencial a un conjunto de proyectos en la última sesión que se celebrará el 26 de noviembre, entre los que figura una prórroga del Estatuto del Periodista.

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