Los gobernadores presentaron dos proyectos de ley para obligar a Javier Milei a repartir más fondos a las provincias y mostraron apoyo de todos los bloques del Senado -excepto La Libertad Avanza- para aprobar las iniciativas, lo que implicaría un duro golpe político para la Casa Rosada.
Tras la fallida reunión del martes con el enviado de Toto Caputo, los mandatarios cumplieron su advertencia y presentaron este miércoles por la noche los dos proyectos de ley para que la Rosada reparta los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y reparta lo recaudado por el impuesto a los combustibles.
El dato más fuerte de la presentación son las firmas que llevan los proyectos y que muestran un apoyo incluso de los habituales aliados del oficialismo como el PRO, el radicalismo y los bloques provinciales. Si los gobernadores mantienen ese apoyo, Milei no podrá ni siquiera sostener un eventual veto.
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Los proyectos llevan las firmas de los jefes de bloques peronistas José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino; del radical Eduardo Vischi; del macrista Alfredo de Angeli; y de aliados del oficialismo como el correntino Camau Espínola, la rionegrina Mónica Silva y la chubutense Edith Terenzi.
En el proyecto de reparto automático de ATN, los gobernadores plantean que «son recursos con asignación específica que administra el Gobierno nacional pero que no son propios», por lo que la modificación propuesta no afecta las finanzas nacionales. Así, buscan voltear el argumento de Milei y Caputo.
El segundo proyecto plantea la eliminación de los fideicomisos de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda.
El texto sostiene que los fondos serán repartidos por coeficiente de coparticipación, pero en el caso de lo recaudado por el impuesto a los combustibles será un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. Entre las provincias se repartirá un 25% en partes iguales y el 75% restante de acuerdo a los índices de coparticipación.