En dos procedimientos distintos, la Justicia Federal de Rosario condenó a 14 personas por el delito de lavado de activos de una organización criminal que involucra a “viejos narcos” de Villa Gobernador Gálvez y a un empresario de transporte sospechado de contrabando, que puso a disposición de la banda su estructura societaria para facilitar el delito.
Lo que convierte a los fallos en “históricos” es que la Justicia pudo probar la adquisición de 102 bienes entre propiedades, embarcaciones, vehículos de alta gama, y el decomiso de más de 2 millones de dólares en efectivo, así como multas de hasta 136 millones de pesos. Algo infrecuente en el fuero federal local.
El principal condenado en un juicio oral fue Matías Matarochi, a quien el Tribunal Federal en lo Criminal Nº2 consideró coautor del delito de lavado de activos, agravado “por haber sido cometido con habitualidad o como miembro de una asociación o banda”. Se le impuso una pena de 8 años de prisión y multa de $114.837.270, según se lee en la sentencia.
El mismo era titular de empresas que fueron utilizadas para inyectar activos de origen delictivo en la economía formal, según la resolución judicial. Durante el juicio oral declararon diferentes testigos y se reprodujeron una serie de escuchas telefónicas, que dieron cuenta que tanto Matarochi como los también condenados -pero mediante un procedimiento abreviado- Norberto y Juan Derminio eran quienes encabezaban la organización criminal.
Mediante un juicio abreviado, explicaron a Conclusión fuentes judiciales, se condenó a Norberto Derminio a 5 años de prisión y una multa por $136.034.251, al ser considerado coautor de lavado de activos. Su padre, Juan Norberto Derminio, fue sentenciado a la pena única -unificada con otra del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario- de 4 años y 6 meses de prisión y multa por $30.597.283.
El resto de los integrantes de la empresa criminal -Lourdes Derminio, Débora Gisel González, Joan Manuel Derminio, Claudia Alejandra Rattaro, Diego Antonio Ramón Noguera, David Gabriel Noguera, Brian Alexis Corbo, Marcos Luis Trueno, Santiago Damián Herrera, Aron Emanuel Fleitas, Cintia Vanesa Aguilera- también aceptaron su participación en la organización ilícita, mediante la firma de juicios abreviados que fueron homologados por el juez Eduardo Rodrígues da Cruz, en los cuales fueron condenados a penas de prisión de ejecución condicional (en libertad) y multas que en algunos casos llegan a los $14.000.000.
La investigación se inició en 2018 por una denuncia anónima de venta de drogas por parte de la familia Derminio en Villa Gobernador Gálvez. A partir del trabajo conjunto entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Unidad de Información Financiera y el Ministerio Público Fiscal, encabezada primero por la fiscal Adriana Saccone y luego, en la instancia de juicio, por Federico Reynares Solari, se logró “desmantelar un complejo entramado de maniobras financieras destinado a ocultar el origen de los fondos, a partir de las ganancias generadas por la comisión de otros ilícitos, tales como el contrabando”.
Según se comprobó durante el juicio, las operaciones de lavado de activos consistieron en la adquisición y administración de bienes muebles e inmuebles en el país y en el extranjero que fueron inscriptos en los registros correspondientes a nombre de los propios acusados, de otros imputados o de terceras personas (testaferros), así como en la realización de operaciones de conversión de moneda extranjera y puesta en circulación del dinero ilícito a través de la construcción de inmuebles.
También mediante un esquema de préstamos dinerarios garantizados -en algunos casos- con gravámenes reales, precisaron voceros de la causa. Y agregaron que “en otros casos, algunos de los condenados recurrieron a la interposición de personas (testaferro) y desplegaron una actividad comercial -en parte lícita- con la cual fuera posible confundir el patrimonio y encubrir los activos de origen ilegal”.
La Fiscalía confeccionó una listado de más de 100 bienes que circularon entre los miembros de la banda -entre terrenos, inmuebles, camiones y vehículos-, como consecuencia del lavado de activos de otras actividades ilícitas, como el presunto contrabando de soja y cigarrillos por parte de la firma transporte de Matarochi.