La senadora santafesina enfrenta una presentación judicial impulsada por referentes de derechos humanos, mientras un informe oficial revela que las falsas denuncias representan solo el 0,09% de los casos penales.
La senadora santafesina Carolina Losada fue denunciada penalmente ante la justicia federal por su proyecto de ley que busca endurecer las penas por falsas denuncias y falso testimonio en causas vinculadas a violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes. La denuncia fue encabezada por el exjuez de Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la profesora consulta de la UBA Dora Barrancos, y firmada por una larga lista de referentes en derechos humanos.
Los denunciantes acusan a Losada de llevar adelante “un plan de coacción e intimidación a profesionales de la psicología y otras disciplinas para disuadirlas de atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales”. También sostienen que el proyecto se apoya en un fenómeno “sin sustento estadístico”. Entre los delitos imputados figuran coacción, encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y apología del crimen.
Un informe del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, que relevó 8.254.672 casos penales en 17 provincias entre 2023 y 2025, indica que las investigaciones por falsa denuncia representan el 0,09% del total, es decir, una causa cada 1.098. En tanto, el falso testimonio alcanza el 0,025%: una causa cada 3.940. “Este dato refuta empíricamente la premisa central del proyecto de ley: no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal”, señala el informe.
Además, en 14 jurisdicciones que desagregaron los datos, el 86% de las falsas denuncias corresponde a conflictos de otra índole (patrimoniales, vecinales, laborales) y solo el 8% al ámbito de violencia de género o intrafamiliar. El proyecto de Losada no crea un nuevo delito, sino que propone endurecer las penas para figuras ya existentes en el Código Penal: la denuncia falsa (artículo 245) y el falso testimonio (artículo 275). En el caso de denuncias falsas sobre violencia de género, la pena pasaría de 2 meses a 1 año a una escala de 3 a 6 años, volviendo el delito no excarcelable. En falso testimonio, la pena pasaría de 1 mes a 4 años a otra de 3 a 8 años.
El argumento de Losada y las organizaciones que impulsan la iniciativa es que existiría un aumento significativo de medidas judiciales en causas de violencia de género sin prueba suficiente. Sin embargo, quienes cuestionan el proyecto advierten que no hay estadísticas que respalden una emergencia de denuncias falsas. Para organizaciones de abogadas feministas y referentes de derechos humanos, endurecer las penas podría producir un efecto inhibidor sobre víctimas que ya enfrentan dificultades para denunciar.