La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones nacionales y seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tras detectar irregularidades. La CGT repudió la medida.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones nacionales y seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tras detectar presuntas irregularidades en el proceso electoral. Como consecuencia, desplazó del cargo al secretario general Abel Furlán, quien había sido reelecto en esos comicios, y ordenó la intervención judicial del sindicato por un plazo de 180 días para organizar una nueva votación.
La Sala VIII del tribunal laboral tomó esta decisión luego de analizar una denuncia presentada por la opositora Lista Naranja, que cuestionó la transparencia de las elecciones realizadas entre el 2 y 4 de marzo de 2026 en la seccional Campana y los comicios nacionales del 18 de marzo del mismo año.
El fallo estableció que ambas elecciones eran «inescindibles», por lo que la nulidad de una de ellas implicaba la invalidez de la otra. En consecuencia, se ordenó el cese inmediato de Abel Furlán como secretario general nacional y de todas las autoridades electas en marzo, dejando sin efecto sus designaciones y declarando la acefalía del sindicato.
Para garantizar la organización de nuevos comicios, la Cámara nombró como interventor judicial al abogado Alberto Biglieri, quien tendrá un plazo de 180 días para convocar a la renovación del mandato de las autoridades gremiales. Biglieri tiene vínculos con el radicalismo y apoyó a Ricardo Gil Lavedra para el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.
Entre las irregularidades detectadas, el tribunal señaló que las urnas permanecieron bajo custodia de la conducción oficialista en Campana durante tres días sin ningún tipo de escrutinio provisorio ni garantías de inviolabilidad del voto. Esta situación, según el fallo, «destruyó la objetividad del proceso». Los jueces también aseguraron que se exigió a los opositores que pernoctaran en el lugar para supervisar el proceso electoral, calificándolo de «inaceptable e irrazonable». Además, destacaron el silencio de la Junta Electoral local y nacional frente a las denuncias presentadas por la Lista Naranja.
Finalmente, la Cámara argumentó que la intervención judicial no busca limitar la autonomía sindical sino que se trata de «una respuesta judicial que se alza como el único remedio posible para restaurarla» y garantizar un proceso electoral transparente y legal.
Una vez conocida la decisión judicial, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado repudiando la medida. «Rechazamos enfáticamente cualquier intento de la Justicia que avance sobre la libertad y la organización del movimiento obrero. Intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores. La defensa de la democracia sindical no se negocia», expresó la central sindical.