Dos agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) fueron detenidos este martes en Villa Gobernador Gálvez durante allanamientos ordenados por el fiscal José Luis Caterina. También se detuvo a un civil y se secuestraron drogas, dinero y armas.
Dos agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) fueron detenidos este martes en Villa Gobernador Gálvez. Fue durante diversos allanamientos por una investigación de Asuntos Internos ante un delito cometido en 2025, la cual permanece bajo reserva. En los procedimientos también se detuvo a un civil.
Los trabajos de la división que indaga posibles conductas delictivas dentro de la fuerza constó de tres allanamientos (dos en la ciudad vecina y uno en Rosario) ordenados por el fiscal José Luis Caterina, en los que brindó colaboración la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).
Según las primeras informaciones, en Fornieles al 600 y 700, en Villa Gobernador Gálvez, fueron aprehendidos un inspector y un oficial de la PDI. Además, secuestraron un arma de fuego, parte de un ladrillo de cocaína (con un peso aproximado de 400 gramos) y un monto no especificado de dinero en efectivo.
En mayo de este año dos efectivos de la Comisaría 15ª de Rosario quedaron en prisión preventiva tras ser imputados por extorsionar a un hombre y una mujer detenidos en esa seccional. En la audiencia imputativa la fiscal Karina Bartocci atribuyó a Sergio Cabrera (35 años) y Leonardo Benítez (42 años) el delito de extorsión consumada en calidad de coautores. De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 14 de mayo pasado. En esa oportunidad, un hombre y una mujer estaban demorados en la seccional ubicada en Sarmiento y Ameghino. Los dos agentes imputados les reclamaron dinero para intervenir en su favor ante el fiscal de turno y así evitar que quedaran registrados con pedidos de captura, que sus domicilios fueran allanados y que pudieran recuperar la libertad.
En enero, otros dos efectivos de la misma seccional fueron detenidos en la sede de la Unidad de Asuntos Internos por la liberación irregular de un hombre de 39 años que había sido detenido la primer semana de ese mes. El liberado irregularmente fue Jonathan Sebastián C., quien había sido detenido en inmediaciones de avenida Uriburu y Hertz, a pocos metros del Centro Municipal Distrito Sur. El arresto lo había hecho personal del Comando Radioeléctrico al corroborar sus datos, se supo que tenía un pedido de captura activo, con fecha del 23 de diciembre de 2025, por solicitud del fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, por causas vinculadas a asociación ilícita, amenazas y abuso de armas en la zona de barrio Tablada, al sur de Rosario.
Ante esto, por disposición del fiscal Tassini y de la fiscal Karina Claudia Bartocci, titular de la Unidad Fiscal Especial de Violencia Institucional del MPA, personal de Asuntos Internos se constituyó en la comisaría 15ª, donde secuestró libros de guardia y actuaciones sumariales, además de obtener registros fotográficos y documentación vinculada al procedimiento. De acuerdo con la investigación, uno de los efectivos admitió no haber realizado la consulta con la fiscalía interviniente, por lo que continuaron las medidas, como el secuestro de teléfonos celulares de los dos efectivos y la posterior detención de ambos.
En tanto, tres agentes de la policía de la provincia de Santa Fe fueron condenados en el marco de la causa que investiga el fraude con combustibles que escaló hasta la detención del exjefe de la Unidad Regional II. En este caso fueron tres imputados colaboradores que acordaron un procedimiento abreviado y recibieron penas de cumplimiento condicional. La sentencia confirma la existencia de una asociación ilícita que llegará a juicio oral.
Los policías Sergio Darío López, Jorge Santiago Delgado y Gerardo Fabián Ramírez fueron condenados a penas diferentes por distintos delitos relacionados a la asociación ilícita que los tres admitieron haber integrado. Se trata de la primera sentencia relacionada a la investigación iniciada en 2024 y que implicó desplazamientos en toda la cúpula de la Jefatura de Rosario.
La denuncia por el caso de combustibles llegó a la fiscalía en julio de 2024, en un sobre enviado por correo postal. El anónimo fue el disparador de una investigación que escaló hasta desentrañar un fraude millonario, armado en la cúpula de la Jefatura de Rosario, para obtener retornos con la nafta de los patrulleros. Por esa maniobra, el fiscal José Luis Caterina pidió penas para dos civiles y 19 policías implicados en una asociación ilícita. Al tope ubicó al exjefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, para quien solicitó 12 años de prisión.
El fiscal requirió una pena aún más alta a 14 años de prisión para su secretario privado, Rodrigo Domínguez, como organizador del negocio. Para el resto, los montos de pena van de los 3 años y 4 meses a los 8 años por delitos de asociación ilícita, cohecho, peculado de caudales públicos y defraudación.
Por otro lado, en el procedimiento restante, que tuvo lugar en Cochabamba al 7300, en barrio Belgrano, la policía encontró múltiples autos con pedido de secuestro activo y se detuvo a otra persona.