El fiscal José Luis Caterina presentó un escrito acusatorio con pedidos de pena y multas para 21 acusados por el desvío de fondos destinados a la carga de combustible de patrulleros en Rosario.
El fiscal José Luis Caterina, a cargo de la investigación por maniobras de desvío de fondos destinados a la carga de combustible de patrulleros en Rosario, solicitó distintas multas y penas de prisión para los 21 imputados. El requerimiento acusatorio, de más de 300 páginas, fue presentado en mayo pasado ante el Centro de Justicia Penal, y en esta instancia se agregaron las pretensiones económicas.
Según la teoría fiscal, las maniobras se realizaron mediante sobrefacturación del combustible cargado en móviles policiales y cargas ficticias o “fantasmas”. En abril de 2025, un mes antes de los primeros allanamientos, la Unidad Regional II de la Policía había gastado 406.924.155 pesos en combustible. En junio, luego de las detenciones, el gasto fue de 348.147.069 pesos.
Pedidos de pena y multas
El exjefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, recibió un pedido de 12 años de prisión y una multa de 241.920.000 pesos. Rodrigo Domínguez, secretario privado de Acosta, enfrenta 14 años de cárcel y una multa de 174.200.000 pesos. Mónica Juana Bianconi, titular de la estación de servicio, 8 años y 356.000.000 pesos de multa. Daniel Alberto Reynoso, encargado de la estación de servicio, 6 años y 8 meses y 25.200.000 pesos.
Diego Santamaría, exjefe del Comando Radioeléctrico: 7 años y 54.000.000 pesos. Héctor Saucedo, exjefe de la Brigada Motorizada: 7 años y 36.000.000 pesos. Juan Pablo Pigozzi, exjefe de la Brigada de Orden Urbano: 8 años y 72.000.000 pesos. Roberto Blanco, exjefe de División Logística: 6 años y 8 meses y 12.000.000 pesos. Fabián Fantín, de Caballería y Perros: 5 años y 18.000.000 pesos. Adrián Bahl, de Caballería y Perros: 5 años y 13.500.000 pesos.
Para Edgardo Roldán, Roberto Sandoval y Franco Cuesta, involucrados con vehículos específicos asignados para facturación fantasma, se pidieron multas de 19.620.000, 6.920.000 y 9.000.000 pesos, respectivamente. Finalmente, para Gustavo Adrián Bazán, Juan Alberto Villordo, Fabián Becerra, Diego Luna, Javier Arce, Fernando Ceballos, Juan Manuel Herrera y Mario Brest, las multas oscilan entre 3.060.000 y 12.000.000 pesos.
Mecánica del fraude
Según la investigación, la maniobra se originó en mayo de 2023, cuando Daniel Acosta asumió al frente de la Unidad Regional II. Los jefes de secciones fueron citados a una reunión en el comedor de la Jefatura, donde se les propuso “hacer plata con el combustible”. La organización, en acuerdo con una estación de servicios, generó un flujo quincenal de dinero en efectivo: el 20% era para los civiles y el 80% se repartía entre los uniformados, ascendiendo en la cadena de mando.
Un jefe policial detenido en mayo declaró como imputado colaborador a fines de octubre ante el juez Gustavo Pérez de Urrechu, y detalló que solo el Comando Radioeléctrico embolsaba alrededor de 4 millones de pesos por quincena.