Cerca de 500 establecimientos educativos permanecen cerrados y se registraron incendios y bloqueos en varias ciudades francesas en el marco de las protestas contra los recortes presupuestarios en educación y el sector público.
Una serie de asambleas frente a colegios y escuelas de la periferia parisina derivó en una crisis socioeducativa en Francia. En una semana, el descontento de estudiantes y trabajadores estatales contra las condiciones de cursada e infraestructura se transformó en una paralización nacional, con cerca de 500 establecimientos, entre primarios, secundarios y universitarios, cerrados de forma preventiva y barricadas en las principales capitales francesas.
El conflicto se origina en carencias estructurales señaladas por organizaciones estudiantiles y sindicales desde hace meses. Entre los reclamos figuran la sobrepoblación en los salones, el deterioro de los edificios escolares y la falta de personal docente. A esto se suma el rechazo a las partidas presupuestarias del Ejecutivo: el presupuesto educativo nacional contempla la eliminación de más de 1.300 puestos de trabajo en el nivel secundario público.
Las movilizaciones se unieron al reclamo del sector público general. El rechazo a la congelación de los sueldos y el borrador presupuestario estatal para 2027, que busca aplicar un recorte del gasto público para reducir el déficit fiscal, consolidaron un frente común entre gremios docentes, estatales y agrupaciones estudiantiles.
La protesta alcanzó niveles críticos con bloqueos en centros educativos, incendios en los accesos de varias escuelas primarias y secundarias, interrupción de servicios de transporte público y la toma de casi 30 campus universitarios en ciudades como París, Marsella, Lyon, Estrasburgo y Toulouse.
Ante estos hechos, el Primer Ministro de Francia convocó a una reunión del gabinete de crisis para coordinar tareas de contención junto al Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación Nacional. El presidente Emmanuel Macron reconoció la legitimidad de parte de las demandas vinculadas a la calidad del sistema educativo, pero condenó los episodios de violencia y los ataques a la infraestructura pública.
A pesar del despliegue de las fuerzas de seguridad y las prohibiciones de manifestación en los alrededores de los colegios clausurados, sindicatos y federaciones estudiantiles convocaron a nuevas jornadas de huelga y marchas nacionales. El conflicto mantiene en suspenso el dictado de clases.