La familia de la joven fallecida en un siniestro vial en febrero de 2025 convocó a una sentada pacífica para el lunes 27 de octubre frente a la Fiscalía de El Talar. Solicitarán que se revoque la prisión domiciliaria de Jonathan Gastón Yurgel y que la pena se cumpla en un penal bonaerense.
El pasado 13 de febrero de 2025, Camila Denise Algozzino, de 28 años y madre de una niña de 7, murió en un siniestro vial en la colectora oeste de la Autopista Panamericana, a la altura de Boulogne, partido de San Isidro. Según la información disponible, la joven viajaba como acompañante en una motocicleta Yamaha FZ 150 junto a su pareja y se encontraba detenida en un semáforo cuando fueron embestidos desde atrás por una camioneta Volkswagen Amarok Highline V6 que circulaba a alta velocidad y sin placas de identificación. El impacto arrastró a la joven 40 metros y le causó la muerte en forma instantánea.
Al arribar las fuerzas de seguridad, se constató que el conductor, identificado como Jonathan Gastón Yurgel, portaba una licencia de conducir apócrifa. Según allegados a la víctima, el hombre utilizaba ese documento falso para eludir controles de tránsito, ya que su registro oficial estaba vencido desde hacía varios años.
La familia de Algozzino convocó a una jornada de protesta pacífica para el lunes 27 de octubre, de 10 a 12 horas, frente a la sede de la Fiscalía de El Talar, ubicada en calle Suiza al 1000, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. La exigencia estará dirigida al fiscal Matías López Vidal para que revise y revoque la prisión domiciliaria de Yurgel y garantice el cumplimiento efectivo de la pena en un penal bonaerense.
«No buscamos venganza, buscamos la justicia que le debemos a la memoria de nuestra hija y al futuro de su nena de 7 años. Queremos que este reclamo trascienda el ámbito local y visibilice la impunidad que enfrentamos tantas familias de víctimas de siniestros viales», expresaron los familiares.
Desde las primeras etapas del proceso, a Yurgel se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, que cumple en su residencia en el barrio privado Septiembre, en la localidad de Escobar. Los padres de la joven manifestaron: «Llegaron al extremo de justificar que se quede en su hogar bajo el argumento de que tiene una novia que lo visita. Mientras nuestra nieta llora a su mamá todas las noches, él espera el proceso en la comodidad de su casa».
«Fue un trámite exprés de oficina. Borraron un año entero de reclamos de las víctimas y simularon que nunca abrimos la boca para convalidar un pacto corporativo que beneficia a quien decidió violar la ley y matar a Camila. La vida de una joven no puede valer apenas cuatro meses por encima del mínimo legal», sentenciaron.