El ex ministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain prestó declaración en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en una millonaria licitación de armas (también está encausado por espionaje ilegal).
Tras la reanudación de la audiencia preliminar de juicio iniciada a finales del año pasado, Marcelo Sain habló con los medios y reiteró el eje de su defensa: calificó la investigación en su contra como una «causa armada» por sectores políticos y judiciales que se vieron afectados por sus investigaciones durante su paso por la gestión pública y el Organismo de Investigaciones (OI).
«Esta es una causa de cinco años donde la prueba más importante es un expediente que ya fue secuestrado del Ministerio. Eso me hace presumir que se trata de una causa netamente política», afirmó Sain. Para el ex funcionario, el proceso judicial es una represalia por las investigaciones que llevaron a la condena del ex fiscal regional Patricio Serjal y que salpicaron a estructuras de poder ligadas al juego clandestino.
Sain volvió a ser crítico con el actual gobernador, Maximiliano Pullaro, y a la dirigencia del entonces Frente Progresista. Según su visión, el interés de la gestión actual en su destitución radicaba en frenar investigaciones que «comprometían severamente la eventual responsabilidad penal del entonces diputado Pullaro».
Además, vinculó al mandatario con pactos de pacificación con los narcos: «Pullaro pactó con los criminales, con los narcos, para que bajara la tasa de homicidios. Si igual mercado de droga va a haber, porque lo tracciona la demanda, ¿qué hacés? Buscás una paz criminal. Si yo hubiera estado en su lugar, con un gobernador que me bancara, hubiera hecho lo mismo: pactar para que no haya violencia, aunque no sea conveniente a largo plazo».
También reiteró críticas a quien lo nombró en su cargo, el entonces gobernador Omar Perotti. El ex funcionario se mostró dolido por la falta de apoyo del rafaelino: «Yo le puse el cuerpo a la gestión y Perotti, como buen paisano rafaelino, se abrió de piernas y dijo: que se arregle Sain. Yo perdí un cargo altísimo en el Ministerio Público de la Acusación por esto».
«Mi autocrítica es haber cruzado el Arroyo del Medio. No tendría que haber sido nunca ministro ni director del OI; me tendría que haber quedado en Buenos Aires», añadió.
Respecto de la acusación puntual por la licitación de armas, Sain defendió la legalidad del proceso y cargó contra su sucesor, Jorge Lagna. «La licitación avanzó y los oferentes nunca cuestionaron los contenidos técnicos. El Ministerio de Economía siempre avaló la legalidad. Si no se compraron las armas Beretta fue porque Lagna tenía ‘el ritmo de la babosa’ y sus áreas técnicas decidieron desistir».
El proceso tiene como principal imputado a Sain y alcanza también a otros tres ex funcionarios y a la empresa Emprendimientos Grupo Patagónico SRL (representante en Argentina de la marca israelí IWI, imputada como persona jurídica, algo inédito para la provincia), señalada como beneficiaria de la maniobra.
La licitación finalmente fue suspendida luego de la impugnación realizada por la empresa Bersa SA el 1 de febrero de 2021, a la que se sumaron objeciones de la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Economía y el Tribunal de Cuentas provinciales.