A más de tres años de los hechos de violencia más graves en Rosario, los tres poderes del Estado articulan un plan integral que combina seguridad y obras urbanas para recuperar los barrios que el narcotráfico había copado.
Un funcionario municipal, al referirse al plan que comenzará a implementarse en los barrios más castigados por el narcotráfico, señaló: “Nos dicen irónicamente que hacemos placitas, pero no entienden que eso es un eslabón más en la tarea por recuperar el terreno que lamentablemente habían ganado los delincuentes”. El lugar más emblemático es Los Pumitas, en la zona noroeste de Rosario.
Fue allí donde el 5 de marzo de 2023 asesinaron al pequeño Máximo Jerez, de 11 años, de un tiro en el pecho mientras jugaba en la vereda y quedó en medio de un tiroteo entre bandas antagónicas que se disputaban el narcomenudeo. Junto a él, tres primos también resultaron heridos: un nene de 13 con un tiro en el pecho, una nena de 2 con un proyectil en el brazo derecho y otro adolescente de 13 con una bala en la boca. Al día siguiente, una pueblada destruyó al menos tres presuntos búnkers de drogas y fue necesario el desembarco de fuerzas federales para calmar la situación.
A ese hecho no se llegó por casualidad. Fueron años de abandono y retiro del Estado, que en su momento hablaba de “estigmatización” de la ciudad mientras el narcotráfico avanzaba con complicidades en todos los poderes. Exactamente un año después, el 5 de marzo de 2024, comenzó una saga de crímenes de trabajadores en sus puestos de empleo: dos taxistas, un colectivero y un playero de estación de servicio perdieron la vida. La ciudad estaba en shock y el gobierno provincial atribuyó esos atentados al endurecimiento de las condiciones de presos de alto perfil en las cárceles.
Desde entonces, se armó un comando unificado de fuerzas federales, se empezó a intercambiar información entre municipio, provincia y Nación, y ahora, más de tres años después, comienzan obras necesarias e impostergables. El trabajo, denominado “Plan de Pacificación”, busca cambiar los entornos y llega tras una primera etapa de despliegue policial y reducción de la violencia. Se centrará en sectores clave como Empalme Graneros, Larrea, Cotar, Mangrullo y accesos a la autopista a Buenos Aires, entre otros.
Se licitarán trabajos de pavimento definitivo, apertura de calles y hasta el desmantelamiento de un estadio de fútbol para dar lugar a espacios verdes. “Las plazas generan apropiación. La gente se reúne en ellas, vuelve a estar en sociedad”, explican en los despachos oficiales. Allí también percibieron que hay algo en el ejido urbano que no se vandaliza: la bandera argentina y las Islas Malvinas. Los paredones pintados con esos colores no se tocan; son símbolos que ninguna grieta daña.
En barrios donde la violencia se adueñó de todo, el intercambio de información permite saber que un herido de bala tal vez no puede ser externado y regresar a la misma zona, porque eso implicaría su muerte o la de sus familiares. Para eso es necesario trabajo barrial, que muchas veces no se hizo o se hizo mal. Prueba de ello es lo ocurrido en la Zona Cero, en la salida hacia Ybarlucea, donde para avanzar con obras se relocalizó a familias en la zona sur de la ciudad. Al no manejar bien la “data de calle”, se facilitó el traslado de algunas bandas del noroeste hacia el sur. “Es como que se esparció una mancha de aceite”, admite una fuente consultada que aprendió de esa mala praxis.
Ahora las licitaciones están a punto de lanzarse. El objetivo: cambiar las zonas en las que había una ausencia estatal. Mirarlas es una política de Estado y, como en no pintar la bandera y las Islas, tampoco debería haber grietas.