La Cámara Federal de Casación Penal validó el avance de la investigación contra el escribano Santiago Busaniche, sospechado de gestionar coimas y extorsiones para jueces federales de Rosario. El caso se encamina ahora hacia el juicio oral y público.
La Cámara Federal de Casación Penal validó hoy el avance de la investigación contra el escribano Santiago Busaniche, sospechado de gestionar coimas y extorsiones para jueces federales de Rosario, y el caso se encamina ahora hacia la instancia de juicio oral y público.
En la causa, la fiscalía lo señaló por su presunta intervención en una serie de actos que desde 2019 hasta aproximadamente noviembre de 2024 habrían realizado de manera coordinada junto al exjuez Marcelo Martín Bailaque, Fernando Elías Whpei y el arrepentido Carlos Vaudagna. Según la investigación, Busaniche habría participado en la iniciación, tramitación y direccionamiento de actuaciones administrativas y de un expediente penal contra dos empresarios con el objetivo de “presionarlos, dañar su reputación y de ese modo condicionar sus decisiones y el normal ejercicio de sus cargos directivos en diferentes empresas del grupo San Cristóbal”.
“Que a través de esas conductas Bailaque, Whpei y Vaudagna comenzaron a exigir dinero a los empresarios nombrados a cambio de influir favorablemente en el desarrollo de esos procesos”, se recalca en la acusación. La defensa recurrió en varias instancias la acusación con el objetivo de que la causa se caiga y también para apartar a los fiscales que lo acusan y estiman para él una pena de 6 años de prisión.
“En tales condiciones y a tenor de la imputación efectuada por el acusador público, no merece reparos la modificación a ‘complejo’ del presente proceso. En efecto, en este legajo se investiga a una pluralidad de sujetos, algunos de ellos funcionarios públicos de alto rango, por hechos de significativa entidad criminógena, que conllevan además significativa proyección y gravedad institucional”, sostuvo el juez Carlos Mahiques. Tanto él como Guillermo Yacobucci votaron por rechazar todos los planteos del implicado en la maniobra. El magistrado que quedó en minoría fue Mariano Borinsky, que solo votó por rechazar los cuestionamientos contra los fiscales.
En el fallo, la mayoría de la sala rechazó entonces la jugada de la defensa, validó que se tratara de una causa compleja y también mencionó la “gravedad institucional” del caso. De esa forma, ratificó el avance de la investigación al argumentar que no se violaron garantías de la defensa.