La vocera provincial, Virginia Coudannes, informó este jueves sobre la continuidad de la estrategia de seguridad y defendió el proyecto legislativo enviado para profundizar herramientas contra el delito.
La vocera provincial, Virginia Coudannes, destacó este jueves la continuidad de la estrategia de seguridad impulsada por la gestión de Maximiliano Pullaro y defendió el nuevo paquete de medidas enviado a la Legislatura, orientado a profundizar herramientas para combatir el delito.
“Santa Fe atraviesa una baja histórica en materia de violencia altamente lesiva porque tiene un plan de seguridad ordenado”, sostuvo Coudannes al inicio de su habitual conferencia de prensa. Recordó que “en 2023 encontramos una provincia signada por las mafias, el delito y, sobre todo, la sangre derramada en Rosario”.
La funcionaria afirmó que la gestión provincial “tomó cartas en el asunto y puso planificación, operatividad policial ordenada, eficiencia e inversión”, una decisión que, según consideró, “requirió valentía y coraje”. En esa línea, señaló que “Agustín Rossi y Caren Tepp, vinculados a Juan Monteverde, votaron en contra de la baja de edad de imputabilidad”. Y sostuvo: “El gobernador acompañó esta ley tan importante para generar una sociedad en paz y orden, un slogan que al kirchnerismo y al peronismo les encantó poner en los carteles, pero nunca invirtieron un peso en seguridad”.
Luego, Coudannes defendió el nuevo paquete legislativo. “No vamos a retroceder contra el delito, la delincuencia ni las banderas con amenazas, porque lo que nos importa son los derechos de las víctimas y de los habitantes de Rosario y la provincia a vivir tranquilos y en paz”, enfatizó. También dejó otra definición política para contrastar con administraciones anteriores: “No miremos para atrás. Ni a (el exgobernador Omar) Perotti, ni a (el exministro de Seguridad Marcelo) Sain ni a los cuatro funcionarios que pasaron. Ni a Rossi, Tepp o Monteverde”.
La vocera reivindicó la ley de desfederalización del narcomenudeo, próxima a cumplir dos años, y destacó resultados como “más de 2.600 allanamientos, 422 condenados y 658 armas de fuego secuestradas”, junto a “una policía y una fiscalía ordenadas para eso, con conducción política real”.
“¿Y si hubiésemos hecho caso a los que no creían en las políticas de seguridad, a los garantistas que siguen creyendo que proteger los derechos de los delincuentes es mejor? No vamos a sacar el pie del acelerador porque avanzamos mucho en la provincia”, afirmó.
Entre las iniciativas destacadas figura la posibilidad de allanamientos automáticos frente a casos de portación ilegal de armas en la vía pública. Según explicó Coudannes, la medida busca agilizar investigaciones ante la presunción de que puedan existir más armas vinculadas a actividades delictivas. En materia de inteligencia criminal, el proyecto incorpora mayores capacidades de análisis digital y ciberpatrullaje, incluyendo extracción, recuperación y análisis de datos de dispositivos electrónicos o cuentas digitales, siempre con autorización judicial.