La Justicia federal avanza en la investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras extraer el contenido del teléfono celular del contratista Matías Tabar.
Mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para presentar su declaración jurada de bienes, con fecha tope del 15 de junio, la Justicia avanzó este martes en la extracción del contenido del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que declaró haber realizado refacciones en una vivienda del funcionario y que aseguró haber percibido unos 245.000 dólares por esos trabajos.
El fiscal Gerardo Pollicita trabaja en un extenso escrito para requerirle al funcionario precisiones sobre sus gastos, un paso previo antes de llamarlo a indagatoria.
En cuanto al celular de Tabar, fuentes judiciales señalaron que la extensa información obtenida del dispositivo ya se encuentra bajo análisis, tras la exitosa extracción. El objetivo es reconstruir las comunicaciones mantenidas entre Tabar y Adorni, así como revisar documentación relacionada con las obras realizadas en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. La pericia había sido ordenada luego de que el contratista entregara voluntariamente su teléfono y brindara acceso al contenido almacenado.
Los investigadores buscan especialmente determinar el alcance de los intercambios entre ambas partes y verificar si existen mensajes, archivos o registros que permitan corroborar aspectos relevantes de la declaración testimonial incorporada al expediente. Según había relatado Tabar ante la fiscalía, antes de prestar declaración recibió contactos por parte de Adorni a través de Whatsapp. El contratista sostuvo que el funcionario le manifestó su intención de conversar con él y que incluso le ofreció asistencia vinculada con su comparecencia judicial. Esa circunstancia llevó a los investigadores a ordenar un análisis exhaustivo del dispositivo.
Además de las comunicaciones recientes, la Justicia procura reconstruir los intercambios relacionados con la contratación, ejecución y pago de las remodelaciones que el testigo describió durante su declaración. Tabar afirmó que los trabajos fueron abonados en efectivo y detalló diversas intervenciones realizadas en la propiedad.
La medida se enmarca en la causa a cargo del juez federal Ariel Lijo y Pollicita, quienes también avanzan sobre otros aspectos patrimoniales del funcionario, entre ellos movimientos financieros, operaciones con activos digitales y gastos vinculados a viajes y reformas inmobiliarias.
Con la información extraída del celular ya disponible, los investigadores esperan determinar si los registros digitales aportan nuevos elementos para esclarecer el origen de los fondos utilizados en las obras y el vínculo mantenido entre el contratista y el jefe de Gabinete.
En tanto, el fiscal ya trabaja en el requerimiento de justificación patrimonial, un paso anterior a la indagatoria en las causas por enriquecimiento ilícito. Pollicita trabaja en un largo escrito en el que le requiere a Adorni que justifique sus bienes, que no llegan a estar cubiertos por sus ingresos. Esa solicitud es, en general, el trámite previo a que el funcionario sea citado a prestar declaración indagatoria.
El fiscal espera el resultado final de un estudio contable que encargó a los expertos contadores de la Procuración General de la Nación que integran la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip). Los análisis deberán arrojar un número final sobre los bienes del funcionario y sus ingresos. A ese estudio se suma otro sobre criptomonedas y las operaciones realizadas por Adorni.
Ese informe técnico de los expertos contadores de la Datip es el que dará el número final del dinero a justificar por Adorni, quien aún no presentó su última declaración jurada de bienes. Independientemente del número que arroje ese trabajo, la fiscalía ya considera que no cierran las cuentas y, por eso, Pollicita trabaja en la redacción del requerimiento de justificación de bienes.
El procedimiento en los casos de lavado de dinero es que, si el fiscal entiende que hay bienes que no se cubren con los ingresos, realiza una intimación al funcionario para que justifique esos bienes. Allí es Adorni el que debe presentar un escrito donde explique en cada caso de dónde surgieron los fondos con los que adquirió esos bienes que la fiscalía considera sin justificación. Con ese informe en la mano, el fiscal tendrá dos alternativas: considera que las explicaciones fueron suficientes y sobresee a Adorni, o entiende que no justificó los bienes que le reclama y pide entonces su declaración indagatoria. El trámite es prolongado y no se esperan noticias en tribunales por lo menos en un mes y medio.