Con el compromiso de una preferencia para la próxima sesión, en comisiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe se debate un proyecto de ley que busca promover y facilitar las inversiones turísticas mediante beneficios fiscales.
El Senado de Santa Fe discute una ley sobre inversiones turísticas. Se procura crear beneficios fiscales, financieros y administrativos para proyectos privados conforme a criterios de sostenibilidad ambiental, inclusión social, accesibilidad universal y digitalización de procesos.
El artículo primero habla de la instalación, desarrollo, modernización y expansión de emprendimientos turísticos y de la creación de un régimen integral que reconozca a la actividad como estratégica para el desarrollo económico, la generación de empleo, la diversificación productiva y el fortalecimiento territorial, despliega luego la fundamentación del proyecto.
La iniciativa del senador por La Capital Julio Francisco Garibaldi subraya que el turismo ha dejado de ser concebido como una actividad accesoria para consolidarse como un sector dinámico con capacidad de articular múltiples cadenas de valor, como el transporte, la gastronomía, la cultura, el comercio, los servicios y las economías regionales.
El socialista promueve la intervención estatal pero bajo una legislación en favor de instrumentos de promoción específicos para reducir barreras de entrada y orientar inversiones hacia objetivos de interés público que no escapa a criterios de selección por su impacto económico, social y ambiental.
La norma en estudio cuenta con 24 artículos divididos en 6 capítulos y en el cuarto se detallan los beneficios y estímulos. Allí se dispone que por ejemplo para los proyectos declarados oportunamente de interés turístico provincial no haya pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por cinco años, lo mismo que Sellos sobre los actos, contratos y operaciones vinculadas a la inversión aprobada. Y una reducción del 50% en las tasas y derechos de actuación administrativa ante organismos provinciales.
Un artículo despliega las condiciones de estabilidad fiscal, un concepto clave para inversiones con recupero en el mediano y largo plazo, para que los proyectos beneficiarios no puedan ser afectados por la creación de nuevos tributos provinciales ni por incrementos de alícuotas o bases imponibles de tributos existentes que eleven su carga tributaria.
El texto en el Senado expresa incluso que cualquier norma que introduzca tales gravámenes no resulta aplicable a los beneficiarios hasta la expiración del beneficio. Obviamente, se excluye de ese concepto de manera expresa a las tarifas de los servicios públicos provinciales.
En artículo 15 se dispone que el Poder Ejecutivo deberá diseñar, implementar y mantener líneas de crédito específicas para el financiamiento de inversiones turísticas declaradas de interés provincial, con condiciones preferenciales de acceso, tasa, plazo y garantía. Y destinarlos a: 1) la construcción, ampliación o modernización de infraestructura y equipamientos turísticos; 2) la incorporación de tecnologías aplicadas a la actividad turística; 3) la mejora integral de la calidad de los servicios turísticos; y 4) la formación, profesionalización y capacitación técnica de trabajadores y trabajadoras del turismo.
Prevee que haya programas de capacitación gratuitos, incentivos adicionales por localización en zonas de menor desarrollo turístico, definidas por la autoridad de aplicación, y también otros premios a la innovación y sostenibilidad.
Así, los proyectos que incorporen energías renovables, sistemas de gestión ambiental o soluciones basadas en la economía del conocimiento, incluyendo inteligencia artificial, tecnologías de la información y la comunicación (TICs), analítica de datos, automatización de procesos, plataformas digitales o desarrollos tecnológicos aplicados a la actividad turística tendrán aún más ayudas.
Para estos casos se plantea la extensión del plazo de la exención impositiva prevista en esta ley por dos años adicionales; prioridad en el acceso a líneas de crédito que promueva el Estado provincial en materia turística; y acceso preferencial a la asistencia técnica con capacitación especializada en innovación y sostenibilidad.
Otras provincias argentinas han avanzado en regímenes específicos de promoción turística, dice Garibaldi en sus considerandos. Y explica que Mendoza sancionó la Ley 9584, Régimen de Promoción de Inversiones para el Desarrollo Sostenible, y a través del programa Pioneros financia hasta el 50% de las inversiones, con beneficios fiscales, créditos subsidiados y herramientas de desarrollo territorial.
Los resultados son concretos: en su primera convocatoria se presentaron 61 proyectos por más de 100.000 millones de pesos, y ya se adjudicaron beneficios a 30 proyectos, que representan inversiones superiores a los 57.000 millones de pesos, dicen los fundamentos de la iniciativa.
Menciona experiencias como la de Uruguay, que ha implementado regímenes de promoción de inversiones (en el marco de su ley general de inversiones, N° 16906) que contemplan específicamente al sector turístico como prioritario, otorgando beneficios fiscales condicionados al cumplimiento de metas de inversión, empleo e impacto territorial.
Los regímenes de promoción más eficaces son aquellos que combinan incentivos económicos con criterios de evaluación y control, evitando esquemas automáticos y privilegiando la asignación estratégica de recursos públicos.
Opina que la provincia de Santa Fe presenta un potencial turístico significativo, asociado tanto a sus recursos naturales (particularmente el sistema de islas y humedales del litoral) como a su patrimonio cultural, histórico y productivo. Recuerda el repunte del turismo en la provincia fue muy marcado durante 2025 y el movimiento económico derivado de la actividad turística de casi 530.000 millones de pesos.
La idea de un régimen de promoción con una única ventanilla para los proyectos privados en materia turística también permitirá una instancia de evaluación técnica de los proyectos para la asignación de incentivos, condicionándolos al cumplimiento de parámetros objetivos vinculados al impacto económico, territorial y ambiental.
Asimismo, se promueve la articulación con el sistema científico-tecnológico, incluyendo universidades, institutos de investigación y centros tecnológicos, a fin de fomentar la incorporación de soluciones innovadoras que mejoren la competitividad, la gestión y la calidad de los servicios turísticos.