El gobierno de Maximiliano Pullaro presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras el rechazo del tribunal superior provincial a apartar a cuatro de sus miembros del análisis de la Ley 14.283.
El conflicto institucional por la reforma del sistema de haberes de retiro santafesino sumó un nuevo capítulo. La administración de Maximiliano Pullaro formalizó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de que el tribunal superior de la provincia rechazara apartar a cuatro de sus miembros del análisis de fondo de la ley sancionada en 2024.
El 25 de junio la Fiscalía de Estado santafesina concretó la presentación en los estrados nacionales, buscando revertir la negativa del máximo tribunal provincial. El centro de la disputa gira en torno a los ministros Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rubén Weder, a quienes el Ejecutivo provincial señala como directamente interesados en el resultado de la causa, dado que el nuevo esquema previsional establece un tope de liquidación equivalente a veinte jubilaciones mínimas, un número que impactaría en los cálculos de sus futuros retiros.
Desde la Casa Gris se sostiene que la participación de estos magistrados vulnera la garantía de imparcialidad, ya que estarían juzgando una norma que podría recortar sus propios ingresos pasivos. Fuentes del gobierno provincial indicaron que al menos uno de los aludidos ya tiene en marcha su expediente jubilatorio, mientras que el resto se encuentra en la recta final de su carrera activa, lo que, a criterio del oficialismo, genera una situación de incompatibilidad moral que debería haber sido saldada con un apartamiento voluntario.
El planteo sostiene que la situación encuadra en la figura jurídica de “ser juez y parte”, y que cualquier fallo que emane de ese pleno tendría un vicio de origen, lo que obligaría a la Corte nacional a intervenir para evitar un futuro escenario de nulidades.
El pleno del tribunal superior de Santa Fe respondió con un rechazo unánime. Los siete integrantes del cuerpo desestimaron las recusaciones al considerar que carecían de sustento objetivo. Según la resolución local, la administración Pullaro no logró acreditar un perjuicio concreto y actual de los jueces en el litigio, sino que se movió en el terreno de las conjeturas sobre eventuales beneficios personales.
El alto cuerpo santafesino también calificó la maniobra como extemporánea, recordando que los hechos alegados por el gobierno ya eran de público conocimiento antes de que se iniciara el expediente judicial. Además, los magistrados advirtieron que aceptar esa línea argumental implicaría una ofensa a la presunción de objetividad que reviste a su investidura, sentando un precedente que permitiría al Poder Ejecutivo desarmar la composición de los tribunales según su conveniencia.
La negativa provincial a conceder el recurso extraordinario solicitado por la Fiscalía de Estado fue el último escollo local que motivó el salto a la instancia nacional. Tras agotar esa instancia, el gobierno activó el recurso de queja directo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un mecanismo residual que no suspende los plazos ni los efectos de la causa en la provincia.
Esto implica que, mientras el máximo tribunal federal analiza si acepta o no tratar el conflicto de integración, el tribunal santafesino conserva la potestad de dictar sentencia sobre el fondo de la ley en cualquier momento. Este escenario genera incertidumbre jurídica, ya que un eventual fallo adverso al gobierno, emitido por los jueces que se pretende recusar, podría ser apelado posteriormente alegando la falta de legitimidad del órgano emisor.
Más allá del tecnicismo judicial, la pulseada refleja la alta temperatura que generó la Ley 14.283, sancionada a fines de 2024. La normativa, que el oficialismo defiende como un ajuste indispensable para sanear las cuentas de la Caja de Jubilaciones provincial, estableció un “aporte solidario” para los haberes más altos y redujo drásticamente los topes de cálculo. Estos cambios desataron una oleada de amparos presentados por asociaciones de magistrados, ex legisladores y trabajadores judiciales, quienes ven en la medida un retroceso en sus derechos adquiridos.