El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó un proyecto de comunicación para requerir al Ejecutivo local, encabezado por el intendente Juan Pablo Poletti, datos sobre el monitoreo de los centros residenciales para adultos mayores, tras el incendio en un asilo clandestino en barrio Nuevo Horizonte.
El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó un proyecto de comunicación mediante el cual solicita al Departamento Ejecutivo información detallada sobre el control de las residencias para adultos mayores en la ciudad. La iniciativa, presentada por los concejales Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel, del bloque PJ, busca conocer el estado actual de los centros residenciales en aspectos edilicios, sanitarios, administrativos, profesionales y asistenciales.
El pedido se enmarca en la investigación judicial que se desarrolla a raíz de un incendio ocurrido en un asilo clandestino ubicado en J. Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte. Según información pública, siete residentes de edad avanzada se encontraban en condiciones de abandono extremo, sin alimentación adecuada, sin aseo, sin controles médicos y con presuntas maniobras irregulares sobre su documentación y recursos económicos.
Detalles del pedido de informes
El proyecto de comunicación requiere conocer cuál es la dependencia municipal responsable del monitoreo de los Centros Residenciales de Adultos Mayores, incluyendo el equipo de trabajo afectado, la cantidad de agentes, sus perfiles profesionales y las funciones asignadas. También se consulta si se han firmado convenios con el Gobierno provincial para realizar monitoreos conjuntos.
Además, se solicita información sobre las condiciones edilicias, infraestructura, equipamiento, mantenimiento y seguridad de las instalaciones de estos centros, así como la disponibilidad y estado de los espacios destinados a alojamiento, recreación, rehabilitación y esparcimiento.
El Concejo también pidió la nómina del personal profesional que se desempeña en cada residencia, con indicación de matrícula habilitante cuando corresponda, y la lista de otros trabajadores afectados a servicios asistenciales, administrativos, de mantenimiento, cocina y limpieza.
Se requirió, asimismo, información sobre las condiciones de atención médica, seguimiento de diagnósticos, tratamientos indicados, alimentación, nutrición y otros aspectos vinculados al cuidado integral de los residentes. También se consulta sobre la prestación de servicios generales, el mantenimiento periódico y el cumplimiento de habilitaciones, autorizaciones y certificaciones exigidas por organismos municipales, provinciales o nacionales competentes.
Finalmente, se pregunta si la Dirección Municipal de Adultos Mayores interviene efectivamente en los procesos de monitoreo, inspección y seguimiento de estos centros, indicando el alcance de su participación, funciones asignadas, modalidad de intervención y articulación con otras áreas.
Declaraciones del concejal Jorge Fernández
El concejal Jorge Fernández, autor de la iniciativa junto a Jorgelina Mudallel, explicó los motivos del pedido: “¿Por qué este pedido de informes y por qué algunos concejales hemos levantado la voz por este caso? Porque está en la agenda pública y la ciudadanía merece saber todo”.
Fernández afirmó que el caso del asilo clandestino puso al descubierto que “existen en la ciudad asilos clandestinos que funcionaban sin habilitación municipal, de manera irregular. Todo ello pone al descubierto la situación de un conjunto de adultos mayores, que están en situación de extrema vulnerabilidad”.
El concejal señaló una doble vulnerabilidad: “La primera, la condición etaria: estas personas deben ser cuidadas en alguna institución. Y la segunda, que son víctimas de la exclusión social y la pobreza. Entonces, es ahí donde creemos que el Estado municipal tiene que estar presente”.
“Es importante tener en cuenta dónde el Estado debe estar. Nosotros consideramos que tiene que cumplir con los mecanismos de control. Por eso preguntamos cuáles son estos mecanismos y cómo se han ejecutado, teniendo en cuenta las competencias que tiene el municipio en esta materia”, agregó.
“No sabemos cómo va a terminar la investigación judicial (que hoy está en curso), ni tampoco si habrá responsabilidades penales. Pero al menos queremos saber, sobre la base de los datos que el municipio nos debe proveer, si hay responsabilidades políticas”, cerró Fernández.