El Juzgado Federal N°3 de Rosario procesó sin prisión preventiva a Olga Concepción Artale de Silva, de 87 años, por supresión y alteración del estado civil de dos menores y falsedad ideológica de instrumento público. La causa se originó por denuncias de dos mujeres que dudaban de sus orígenes biológicos. La Fiscalía y la querella pidieron elevar el caso a juicio oral y solicitaron colaboración para identificar a las posibles madres biológicas.
El Juzgado Federal N°3 de Rosario dispuso el procesamiento, sin prisión preventiva, de una médica obstetra de 87 años, identificada como Olga Concepción Artale de Silva, por considerarla presunta autora de los delitos de supresión y alteración del estado civil de un menor de diez años, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público. Las damnificadas son Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos, quienes denunciaron la situación por separado y cuyas causas se resolvieron conjuntamente ante la coincidencia de la identidad de la imputada.
La resolución judicial ratificó la validez de los elementos probatorios recabados por el Área Investigación y Litigio Casos Complejos, oficina Criminalidad Económica y Trata de Personas, a cargo de la fiscal Soledad García, con intervención del fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro. A través de esas pruebas se acreditó que la profesional extendió certificaciones médicas ideológicamente falsas para dar apariencia de legalidad a filiaciones biológicas inexistentes.
El juzgado destacó que la conducta atribuida «excede una mera irregularidad administrativa, pues importó la utilización consciente de un documento público para dotar de apariencia de legalidad a una filiación falsa, con aptitud para producir consecuencias jurídicas permanentes».
La parte querellante, representada por la abogada Julia Giordano, y el Ministerio Público Fiscal solicitaron la elevación de la causa a la etapa de juicio oral.
Historias entrelazadas
La investigación penal se originó a partir de las denuncias de Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos, quienes indicaron que sabían que no eran hijas biológicas de quienes en sus partidas de nacimiento aparecían como madre y padre.
Ana Carolina Alzugaray creció en la localidad de Maciel, donde la criaron Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray. Supo por relatos de José Alzugaray que el contacto se hizo a través de la hermana de Olga, Susana A., con quien Clorinda Ceresole tenía relación, y que fue entregada a su familia adoptiva en una vivienda de Richieri al 2000, en Rosario. La víctima se comunicó con Olga en varias oportunidades para solicitarle información sobre su progenitora, pero la mujer le respondió que no recordaba esa historia.
Romina Elisabet Lobos, por su parte, supo ya siendo adulta que no era hija biológica de quienes la criaron como madre y padre, Esther Candusso y José Francisco Lobos. Su partida de nacimiento comparte la misma falsedad que la de Ana: Artale de Silva como partera dio fe de un vínculo biológico inexistente.
En ambos casos, al momento de la entrega de los bebés a sus familias adoptivas, la partera ahora procesada les entregaba un certificado de nacido vivo con su firma, que luego era utilizado para la inscripción en el Registro Civil.
Las víctimas presentaron las denuncias en la justicia federal entre 2022 y 2023, constituyéndose como querellantes. Sus causas fueron acumuladas en el Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Carlos Vera Barros, quien delegó la pesquisa a la Fiscalía. Tras la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF), en mayo de 2024, la investigación fue asignada al Área Investigación y Litigio Casos Complejos.
Pericias científicas
Para el esclarecimiento de los hechos, la Fiscalía consideró indispensable obtener perfiles genéticos. El juzgado autorizó la extracción de muestras biológicas, tareas encomendadas al Cuerpo Médico Legal del Poder Judicial de Santa Fe y al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), luego remitidas al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para realizar un cotejo del perfil de las mujeres con sus padres adoptivos.
Los informes periciales fueron concluyentes. En ambos casos se descartó la existencia de vínculo biológico entre los causantes y las damnificadas, con lo cual se confirmó la alteración material de la filiación de las víctimas.
Olvidos involuntarios
Al comparecer por el caso de Romina Lobos en mayo de 2025, Artale de Silva rehusó declarar. Alegó padecer «olvidos involuntarios y déficit cognitivo de memoria» a raíz de un antiguo accidente laboral y un traumatismo reciente.
El Tribunal ordenó la intervención del Gabinete Interdisciplinario de Diagnóstico Psico-Físico y Social de los Tribunales Federales de Rosario. El primer examen determinó que presentaba un deterioro cognitivo ostensible que le impedía comprender el proceso judicial. La abogada querellante se opuso debido a que el test no explicitaba si el cuadro clínico era transitorio o permanente. En diciembre de 2025 el juzgado suspendió el trámite y fijó un reexamen.
En marzo de 2026 se realizó la segunda evaluación, la cual determinó que la médica presentaba un «deterioro cognitivo leve», lo que modificó el criterio anterior, y que poseía las condiciones para la comprensión de la causa penal.
Sobre la base de ese dictamen, el juzgado reanudó el trámite y el 2 de julio de 2026 le recibió declaración indagatoria por el caso vinculado a Ana Carolina Alzugaray.
Supresión de identidad
El 3 de agosto el juzgado dictó el procesamiento de la obstetra. En la resolución se puntualiza que su accionar excede la consideración de una mera anomalía de carácter administrativo. Se constató una utilización consciente de sus facultades profesionales para introducir declaraciones falsas en instrumentos públicos destinados a acreditar la filiación de las personas.
Su intervención resultó una condición indispensable para engañar al Registro Civil y consolidar una filiación inexistente. De este modo, se impuso una situación jurídica permanente que suprimió la verdadera identidad biológica de ambas menores de edad.
El juzgado ordenó mantener la libertad ambulatoria de la médica, ya que no se verificaron modificaciones en los riesgos procesales que justificaran el dictado de la prisión preventiva. La querella y el Ministerio Público Fiscal, atento encontrarse firme el auto de procesamiento dictado, solicitaron la elevación de la causa a juicio.
Colaboración
Se solicita la colaboración de los medios de comunicación y de la población en general para convocar a aquellas mujeres posibles madres biológicas de Romina Elisabet Lobos y de Ana Carolina Alzugaray, que hayan dado a luz en las fechas próximas a las que constan en sus partidas de nacimiento.
Ambos casos tramitan en el Área de Casos Complejos – Económicos – Trata de personas. Para brindar información, deberán hacerlo al teléfono 341-2859127 o al mail [email protected], donde recibirán el asesoramiento adecuado del Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal de Rosario.
Fuente: MPF