El artículo 17 del proyecto de Presupuesto 2027 deroga la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares, dejando los aumentos a criterio del Poder Ejecutivo. La oposición y organizaciones advierten sobre el riesgo para la cobertura, mientras Hacienda argumenta que busca sostener la cobertura de la canasta básica alimentaria.
El debate del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados incluye una modificación en la política de asignaciones familiares. El artículo 17 del proyecto de ley deroga los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160, que establecen la actualización automática por inflación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares.
La Ley 27.160, sancionada en 2015, vinculó estas prestaciones a la movilidad jubilatoria con aumentos obligatorios y automáticos. En 2024, el Decreto 274 estableció que las asignaciones y prestaciones previsionales de ANSES se actualizarían mensualmente según la inflación de los dos meses previos. La derogación propuesta eliminaría la obligación legal de ajuste por Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin establecer otra regla ni periodicidad. Los aumentos quedarían sujetos a decisiones del Poder Ejecutivo.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados continuará el martes con las exposiciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El oficialismo pretende dictaminar el 28 de octubre y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre, fechas aún no confirmadas formalmente.
Organizaciones como UNICEF Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) expusieron su preocupación ante la comisión de Familias, Niñez y Juventudes. Señalaron que las transferencias de ingresos representan el 88% del presupuesto nacional destinado a niñas, niños y adolescentes y advirtieron sobre la eliminación de la garantía de movilidad. Sebastián Waisgrais, de UNICEF, declaró ante los diputados: «Proteger los recursos destinados a niñas, niños y adolescentes y garantizar su ejecución efectiva es fundamental».
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) proyecta para 2027 $9,2 billones para AUH y AUE, con una suba de 0,7% real y unos 4,1 millones de beneficiarios previstos. Las asignaciones familiares contributivas contarían con $5,2 billones, 5,7% más en términos reales. La Prestación Alimentar tendría $3 billones, con un crecimiento nominal de 8% pero una caída real de 10,5%.
En la primera audiencia de Presupuesto, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, por el artículo 17. Guberman defendió el objetivo oficial: «Lo que nosotros queremos hacer es […] sostener una determinada cobertura de la canasta básica alimentaria». Argumentó que los alimentos pueden subir más que el índice general y que una movilidad por IPC no siempre garantiza igual capacidad de compra. El compromiso oficial apunta a que la combinación de AUH y Prestación Alimentar cubra al menos 95% de la canasta básica alimentaria, sin establecer qué ocurriría ante una inflación superior a la prevista.
La UCR, uno de los espacios cuyos votos necesita el oficialismo, se expresó en favor de conservar la actualización por inflación de AUH, AUE y ayuda escolar, además de revisar los artículos sobre discapacidad. Hacienda proyecta una inflación de 18% a diciembre de 2027, contra 21,2% del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) relevado por la OPC.