Un empresario rosarino denunció al holding Razzini por no escriturar tres departamentos por los que pagó unos 300 mil dólares. La sindicatura del concurso de acreedores presentó un informe que cuestiona el manejo de las empresas. La diputada nacional Verónica Razzini no fue imputada individualmente.
Un empresario identificado como D’Arragona denunció al grupo empresario Razzini, al que pertenece la diputada nacional Verónica Razzini, por una presunta estafa vinculada a la compra de seis inmuebles. Según la denuncia, el empresario firmó un contrato de compraventa con Nelson Razzini por seis propiedades, de las cuales tres lotes en Funes fueron entregados sin inconvenientes, pero tres departamentos en Rosario no fueron escriturados pese a haber sido abonados.
El denunciante había suscripto un certificado notarial que establecía como fecha límite para completar las escrituras el 7 de julio de 2025. A fin de ese mes, las empresas de los Razzini se presentaron en concurso de acreedores. Según pudo averiguar La Capital, D’Arragona pagó alrededor de 300 mil dólares por los tres departamentos mediante boleto de compra. Las abogadas del empresario enviaron cartas documento a los desarrollistas; dos de ellos respondieron que no tienen relación con Razzini y que el grupo les debe dinero, mientras que el restante no ofreció claridad.
La querella sostiene que la falta de escrituración no se debe a inconsistencias financieras, sino a maniobras del grupo Razzini para obtener el dinero sabiendo que no podría pagar a los desarrollistas. Por su parte, la familia Razzini afirma que no hubo delito, sino un acuerdo comercial que no pudieron cumplir por falta de sustento económico. La condena por estafa, según la gravedad del caso, puede ir de 1 a 6 años.
Informe de la sindicatura
La sindicatura del concurso de acreedores presentó un informe ante el juez Luciano Juárez, de primera instancia en lo Civil y Comercial de la 8va Nominación de Rosario, en el que analizó las sociedades Razzini Industrial SRL, Razzini Materiales SRL, Hormigones Ricci SA y Almacén de Obras.com SA. Según el informe, las cuatro firmas acumulan un pasivo de más de 13 mil millones de pesos y actuaron «de manera inequívocamente unificada, utilizando sus activos e incluso, como se detallará oportunamente, abusando, de manera entrecruzada para ocultar y postergar la exteriorización del estado de cesación de pagos».
La sindicatura sostuvo que «el colapso financiero es el resultado de una crisis sistemática coordinada, agravada por decisiones de vaciamiento patrimonial y el uso abusivo de estructuras societarias para enmascarar un estado de impotencia patrimonial estructural». Según el informe, hasta 2023 las empresas mostraban «crecimiento y sostenibilidad», pero un año más tarde presentaron balances en rojo con pérdidas de 667 millones de pesos. En 2025, solo entre Hormigones Ricci y Razzini Materiales tenían una deuda de más de 8 mil millones de pesos.
Las acusaciones más graves recayeron sobre Hormigones Ricci SA, que cerró en agosto de 2024 su ejercicio económico con pérdidas por 116 millones de pesos, pero al mismo tiempo repartió ganancias entre sus accionistas por más de 299 millones de pesos. «Es una maniobra clara de vaciamiento», señaló la sindicatura. Además, Razzini Materiales SRL pasó de gestionar 2.663 millones de pesos en 2024 a tan solo 878 millones en 2025, una pérdida del 70% de su actividad. «Denota una licuación de existencias sin su correspondiente correlato en el ingreso de disponibilidades», indicó el informe.
Por otra parte, la sindicatura afirmó que Almacén de Obras.com SA, creada en 2020 pero inscripta en diciembre de 2023, nunca contabilizó ventas ni personal a cargo, pero fue utilizada para obtener financiamiento bancario y emitir cheques que finalmente fueron rechazados por falta de fondos. «Los administradores utilizaron la CUIT ‘limpia’ de Almacén de Obras para tomar deuda bancaria y librar cheques», explicó la sindicatura, y sostuvo que esta maniobra dilató el colapso del grupo.
Entre las cuatro firmas, el grupo Razzini tiene un pasivo de 13.378 millones de pesos entre créditos privilegiados, quirografarios, condicionales y deudas denunciadas que no fueron presentadas a verificar. Los activos ascienden a poco más de 2 mil millones de pesos, más de 4,6 millones de dólares, según la sindicatura, cifra sujeta a evaluaciones y actualizaciones. El informe también expone que la familia Razzini no entregó los libros de las sociedades y no pudo dar cuenta de los balances de los últimos años de actividad. La sindicatura no responsabilizó individualmente a los integrantes del holding, pero mantiene vigentes las investigaciones.
Trayectoria de Verónica Razzini
Verónica Razzini se formó como empresaria de materiales de construcción en una firma que heredó de su padre Víctor. Junto con sus hermanos conformó un holding con presencia en Rosario. Su exposición pública se dio a partir de un conflicto con trabajadores del sindicato de camioneros conducido por Sergio Aladio. En ese momento, los Razzini ganaron la demanda en la Justicia, fundaron el Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB) y salieron fortalecidos.
En 2023, Razzini fue candidata por Juntos por el Cambio, enmarcada en el PRO y apoyada por el entonces diputado Gabriel Chumpitaz, y resultó electa diputada nacional. En noviembre de 2025, dejó la bancada del PRO y se pasó a La Libertad Avanza, en una decisión conjunta con el también santafesino Alejandro Bongiovanni. El pase fue oficializado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Chumpitaz calificó la decisión como una traición en un tuit: «Razzini, no tenés palabra ni memoria. Nosotros te hicimos diputada. Hay que defender a los santafesinos y no entregarse a la primera de cambio. Roma no paga traidores». En esa misma publicación, Chumpitaz se refirió a la empresa familiar: «Hasta su propia familia le va a dar la espalda en la empresa concursada que debe más de 10 millones de dólares y dejó colgado a cientos de rosarinos. El que a hierro mata a hierro muere».