Según un estudio de Juan Manuel Garzón del Ieral/Fundación Mediterránea, las ventas externas argentinas del sector se multiplicaron por 3,4 en ese período, frente a 8,4 veces en Brasil, 7,5 en Paraguay y 6,8 en Uruguay. La participación argentina en el mercado mundial bajó de 1,81% a 1,65%.
Un informe de Juan Manuel Garzón, analista del Ieral/Fundación Mediterránea, indica que entre 1995 y 2025 las exportaciones agroindustriales de Argentina se multiplicaron por 3,4, mientras que las de Brasil lo hicieron por 8,4, las de Paraguay por 7,5 y las de Uruguay por 6,8. Como resultado, la participación argentina en el mercado mundial del sector descendió de 1,81% a 1,65%, de acuerdo con el documento.
El estudio abarca granos, carnes, forestación y sus derivados. Según Garzón, en 2025 las exportaciones agroindustriales argentinas sumaron un valor estimado de US$ 50.480 millones. El analista sostuvo que, si el país hubiera seguido la trayectoria de Uruguay, habrían alcanzado US$ 99.172 millones; con la de Paraguay, US$ 110.071 millones; y con la de Brasil, US$ 122.575 millones.
El informe atribuye el desempeño relativo argentino a «políticas y circunstancias que desalentaron la inversión y limitaron el crecimiento de la oferta exportable». Entre las causas menciona «la inestabilidad macroeconómica, las dificultades de acceso al mercado de cambios, los derechos de exportación, los impuestos acumulados en los costos (IIBB, Débitos y Créditos Bancarios), las restricciones para vender ciertos productos al exterior y las trabas a determinados proyectos productivos e industriales», que «redujeron la rentabilidad esperada y aumentaron la incertidumbre».
En el texto se menciona que los derechos de exportación fueron establecidos en abril de 2002 por el entonces presidente Eduardo Duhalde, con una alícuota de entre 5% y 10% para financiar el plan Jefes y Jefas de Hogar, y que la medida fue anunciada como «provisoria». También se recuerda que en 2008, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el ministro de Economía Martín Lousteau propuso un esquema de retenciones móviles que establecía hasta 44% para la soja, iniciativa que no prosperó en el Congreso.
Por otro lado, la Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que la eliminación de los derechos de exportación para los seis cultivos más importantes y sus derivados sumaría unos US$ 18.500 millones adicionales en exportaciones agroindustriales hacia 2036. El informe de Garzón, en cambio, realiza una estimación retrospectiva basada en el desempeño de los países vecinos.
Respecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la economista Marina Dal Poggetto, directora de la consultora Eco Go, estimó un gasto tributario o costo fiscal de aproximadamente US$ 8.493 millones a valor presente para los 23 proyectos aprobados hasta el 1 de octubre de 2026. Ese monto representa la diferencia entre los impuestos que esos proyectos pagarían bajo el régimen general (US$ 26.000 millones a valor presente) y los que tributarían con los beneficios del RIGI (US$ 17.500 millones), equivalente a cerca del 25% de la inversión computable comprometida (US$ 33.837 millones) y a aproximadamente el 32% de la recaudación potencial sin incentivos.
El presidente Javier Milei defendió el RIGI en un acto en Catamarca: «¿Cómo puede costar algo una inversión que sin el RIGI jamás se hubiera hecho?». El régimen fue debatido y aprobado por el Congreso e incluye beneficios como la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25% y la deducción del impuesto al cheque a cuenta de aquel gravamen.
En el ámbito legislativo, el bloque del PRO, encabezado por Cristian Ritondo, condicionó su acompañamiento al Presupuesto 2027 a la aplicación de rebajas impositivas concretas, entre ellas la reducción del impuesto a los combustibles y la baja de la alícuota del IVA del 21% al 10,5% para ciertos sectores productivos como la industria avícola. La UCR y bloques de centro propusieron herramientas paralelas al RIGI, como un «Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes», con beneficios fiscales para atraer capitales y cláusulas de «compre nacional» que exigen que al menos un 20% de la inversión se destine a proveedores locales, además de fomento de las economías regionales.
Unión por la Patria concentra su discurso en el cuestionamiento al RIGI. En línea con Dal Poggetto, advierte que el Estado resignaría ingresos tributarios por cerca de US$ 8.500 millones. El diputado Máximo Kirchner comparó el RIGI con un «estatuto de coloniaje», mientras que el gobernador Axel Kicillof criticó que «con tal de hacer anuncios, son capaces de regalar todo».