Dirigentas radicales de todo el país juntan firmas para frenar la iniciativa de la senadora santafesina, que endurece las penas por denuncias falsas en causas de violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños. Dentro del partido incluso analizan una sanción que podría derivar en su expulsión.
Dirigentas y militantes de la Unión Cívica Radical de todo el país salieron a rechazar con dureza el proyecto impulsado por la senadora santafesina Carolina Losada, que busca endurecer las penas por denuncias falsas y falso testimonio en causas vinculadas a violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños. La propuesta, que ya consiguió dictamen favorable en la comisión de Justicia del Senado, abrió una fuerte interna dentro del radicalismo y activó una campaña de firmas para frenar su avance en el Congreso.
La controversia no se limita al debate parlamentario. En sectores de la UCR analizan la posibilidad de promover una sanción partidaria contra Losada, que incluso podría desembocar en una eventual expulsión del radicalismo. La objeción central de las dirigentas de la UCR es política, jurídica y también histórica: sostienen que el proyecto obstaculiza las denuncias de víctimas de abuso y violencia, refuerza una narrativa sin respaldo estadístico suficiente sobre una supuesta “emergencia” de denuncias falsas y contradice una tradición partidaria ligada a la ampliación de derechos de las mujeres.
Mientras funcionarias a cargo de áreas de género de distintas provincias juntan firmas contra el proyecto, dirigentas radicales hacen lo mismo dentro de su partido. Representantes de género de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Tierra del Fuego, La Pampa y Catamarca reunieron hasta el momento más de 1.700 adhesiones para pedir que el Senado rechace la iniciativa. El texto también fue firmado por Lourdes Navarro, presidenta del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género del gobierno radical de Jujuy. En Córdoba, la legisladora provincial radical Brenda Austin impulsó y logró aprobar un mandato para que los senadores de su provincia rechacen el proyecto.
En paralelo, dentro de la UCR, la dirigente María Orsenigo encabeza otra recolección de firmas contra la propuesta de Losada: hasta ahora consiguió el respaldo de 943 correligionarias especialistas, en una nota dirigida a legisladores radicales y de otros partidos, con argumentos técnicos y estadísticos.
La iniciativa de la senadora santafesina Losada no crea un nuevo delito. Lo que propone es endurecer penas para figuras que ya existen en el Código Penal: la denuncia falsa, prevista en el artículo 245, y el falso testimonio, regulado por el artículo 275. La diferencia central es que el agravamiento se aplicaría cuando esas conductas estén vinculadas a denuncias sobre violencia de género, abuso sexual o violencia contra niños. En el caso de denuncias falsas sobre violencia de género, el proyecto eleva la pena de 2 meses a 1 año a una escala de 3 a 6 años. Ese cambio vuelve el delito no excarcelable. En falso testimonio, que puede involucrar a testigos y peritos, la pena pasaría de una escala actual de 1 mes a 4 años a otra de 3 a 8 años.
El argumento de Losada y de las organizaciones que impulsan la iniciativa parte de una premisa: que existiría un aumento significativo de medidas judiciales en causas de violencia de género sin prueba suficiente, con consecuencias graves para personas denunciadas. Sin embargo, quienes cuestionan el proyecto advierten que no existen estadísticas en Argentina que respalden una emergencia de denuncias falsas en casos de violencia de género. Ese es uno de los puntos más sensibles del debate.
Para organizaciones de abogadas feministas, referentes de derechos humanos y mujeres radicales, endurecer las penas en este tipo de causas puede producir un efecto inhibidor sobre víctimas que ya enfrentan enormes dificultades para denunciar. La advertencia es concreta: si una mujer o una víctima de abuso sabe que una denuncia que no prospere puede derivar luego en una persecución penal, muchas podrían directamente no acudir a la Justicia.
La abogada Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, lo planteó con precisión: “El problema con el proyecto es que no aborda los problemas de acceso a la Justicia sino que por el contrario, los agrava. Si ya son muy pocas las personas que denuncian situaciones de violencia y de abuso, muchas menos habrá si enfrentan la posibilidad de ser perseguidas penalmente en el muy probable caso de que la denuncia de violencia y abuso no prospere en la Justicia”.
Lorena Matzen, exdiputada rionegrina que estuvo al frente de la Secretaría de la Mujer de la UCR hasta diciembre, fue una de las voces más críticas dentro del partido. “Estamos avergonzadas con los dirigentes que dicen ser de nuestro partido y apoyan estas ideas que retroceden después de lo mucho que nos costó conseguir derechos laborales y culturales”, sostuvo en declaraciones a Tiempo Argentino. Matzen ubicó el debate den.