La Justicia Federal de Rosario dictó prisión preventiva para un individuo acusado de contactar a mujeres jóvenes a través de redes sociales, ofreciéndoles trabajo en producciones para el exterior, y luego viralizar los videos en plataformas locales.
La Justicia Federal de Rosario dispuso la prisión preventiva por 90 días para un hombre de 30 años, identificado como G.G.N., quien está acusado de reclutar a mujeres jóvenes para la producción de material sexual mediante engaños. Según la investigación, el imputado operaba a través de perfiles en Instagram con nombres como «Argentina Casting» o «AC».
El juez de garantías Carlos Vera Barros hizo lugar al pedido del equipo fiscal, que argumentó que la libertad del acusado ponía en riesgo la investigación. Se indicó que el hombre continuó con sus actividades incluso después de haber sido imputado en julio de 2025 por tres denuncias anteriores, casos en los que había pagado una fianza y quedado en libertad.
De acuerdo con la investigación, el acusado contactaba a mujeres de entre 18 y 19 años, muchas de ellas en su primer contacto con el mundo laboral y de distintas provincias. Les ofrecía dinero por filmar videos con la promesa de que el material sería comercializado exclusivamente en el extranjero. Sin embargo, las pruebas reunidas indican que los videos terminaban en plataformas globales sin restricción y circulaban en grupos de mensajería de Rosario y otras ciudades del país.
El impacto en las víctimas fue grave, según las declaraciones. Una de ellas relató que recibió mensajes de desconocidos pidiéndole sexo a través de Instagram, lo que la llevó a cerrar sus redes sociales y sufrió un daño psicológico significativo.
El Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina continuó la investigación y encontró que el acusado había cambiado sus perfiles en redes sociales para seguir captando mujeres. En este marco, se identificaron al menos a cinco nuevas víctimas, lo que llevó a su detención el pasado 25 de marzo. Hasta el momento, se han identificado ocho víctimas, y la Unidad Fiscal Rosario sospecha que podría haber más en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Misiones.
Los fiscales a cargo del caso consideran que se trata de un «dispositivo organizado de trata de personas adaptado a la era digital». Señalaron que el acusado elegía un perfil específico de víctimas: mujeres muy jóvenes, recién salidas de la adolescencia y en situación de vulnerabilidad económica y simbólica. Además, se indicó que a algunas víctimas se les hacía firmar contratos sin dejarlas leerlos y se utilizaban nombres falsos.
El equipo del Ministerio Público Fiscal, integrado por el fiscal general Javier Arzubi Calvo, la fiscal general interina Soledad García y los fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, solicitó la detención efectiva basándose en la reincidencia del acusado mientras el proceso judicial estaba abierto.