La decisión del Gobierno nacional de prohibir temporalmente el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada generó rechazo en el arco político, activó medidas judiciales y provocó la preocupación de organismos internacionales de derechos humanos.
El Gobierno nacional continúa con su política de restricción al acceso de la prensa a la Casa Rosada. La medida, que suspendió de manera momentánea la entrada de trabajadores de prensa acreditados al edificio gubernamental, fue criticada por diversos sectores políticos y derivó en acciones judiciales y pronunciamientos de organismos internacionales.
El secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, explicó que la decisión incluye “quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada” como medida preventiva, tras una denuncia de la Casa Militar por presunto espionaje ilegal a dos periodistas de TN. “El único fin es garantizar la seguridad nacional”, señaló el funcionario.
La diputada nacional Marcela Pagano, quien integró el bloque de La Libertad Avanza, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, Lanari, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el jefe de Casa Militar, Sebastián Ibáñez. La causa recayó en el juzgado de Sebastián Ramos. “Es un hecho inédito desde el retorno de la democracia. La Casa Rosada no es propiedad privada y mucho menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa”, afirmó la legisladora en su cuenta de X.
Este lunes, Pagano también presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el ataque del Gobierno al periodismo y la imposibilidad de ingreso de la prensa acreditada. “Que no te mientan con ‘falsos espionajes’, van contra tu derecho a informarte”, sostuvo.
Por su parte, el diario Ámbito Financiero interpuso un amparo contra el Estado nacional para restituir el acceso de sus periodistas a la Casa Rosada. La demanda, que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, a cargo del juez Walter Lara Correa, solicita una medida cautelar innovativa urgente y cuenta con el patrocinio del abogado constitucionalista Diego Armesto. Fue presentada por NEFIR SA y Editorial Amfin SA, empresas responsables del medio, y reclama que se habilite nuevamente el ingreso de las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano.
A nivel internacional, Amnistía Internacional alertó a la CIDH sobre “el deterioro de la libertad de expresión y prensa en Argentina”. La organización advirtió que, desde la asunción de Javier Milei, se consolidó un clima de intolerancia estatal hacia la crítica, con discursos estigmatizantes, desinformación, insultos, acusaciones de corrupción o criminalidad contra periodistas y medios, y campañas de hostigamiento desde redes sociales y cuentas oficiales.
“Una prensa independiente y crítica es un pilar indispensable del Estado de derecho. Cuando las agresiones provienen de las más altas autoridades del Estado, el impacto no se limita a las personas atacadas: se proyecta sobre todo el debate público y genera un efecto de silenciamiento”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La organización también expresó preocupación por el uso de acciones penales y civiles contra periodistas como mecanismo de presión y disciplinamiento. En particular, advirtió sobre las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs), que, aun cuando no prosperen judicialmente, generan desgaste económico, emocional y profesional, y producen un efecto inhibitorio sobre otras voces críticas.